El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los dueños del terreno para evitar el desalojo de la toma del cerro Centinela en San Antonio ordenado por los tribunales de justicia, querámoslo o no, genera un precedente preocupante. Si bien es cierto que se trata de un problema mayúsculo, pues cumplir con la orden judicial implicaba desalojar a miles de familias vulnerables que no tienen dónde ir, es importante reflexionar respecto a por qué se llegó a este punto sin retorno y los posibles efectos de un acuerdo como este.
Sobre lo primero, queda en evidencia que las autoridades han fallado en la entrega de soluciones habitacionales adecuadas y oportunas, lo que ha implicado que este tipo de usurpaciones se sigan extendiendo. En el caso concreto, las autoridades sí tienen una responsabilidad en no haber previsto la magnitud que alcanzaría esta toma, así como en no haber tomado medidas a tiempo que permitiesen el cumplimiento del fallo y la elaboración de una solución habitacional a dichas familias. Por ello, el hecho de que estas familias puedan seguir viviendo allí difícilmente puede verse como una buena noticia. Especialmente, por cuanto se ha demostrado que los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas de riesgo, inseguridad y condiciones de gran precariedad.
Respecto a lo segundo, el protocolo de acuerdo, junto con incentivar futuras usurpaciones, debilita nuestra institucionalidad pues, en definitiva, se validan las vías de hechos por sobre la ley y se permite dilatar el cumplimiento de una resolución judicial firme. Sobre este punto, no puedo sino compartir lo que han sostenido algunos reconocidos académicos y columnistas, en cuanto a que la señal que se entrega es muy dañina para el estado de derecho. Si no se respeta la ley y si no se cumplen las decisiones judiciales, el sistema jurídico pierde su legitimidad. En efecto, si las decisiones de los tribunales no se ejecutan, básicamente el mensaje que se envía es que no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y garantías, creando un sistema donde algunos pueden evadir las consecuencias de sus actos. Además, ¿en qué pie queda la autoridad del Poder Judicial? ¿Cómo se garantiza, entonces, la efectiva protección de los derechos fundamentales? ¿Qué señal se entrega a quienes sí cumplen con la ley y esperan por una vivienda digna?
Finalmente, no debemos olvidar que recién en noviembre de 2023 se publicó una ley que modificó la tipificación y sanción de las usurpaciones. Si bien la toma de San Antonio es anterior a la nueva ley, ¿qué sentido tendría contar con esta nueva legislación si en los hechos se entregan este tipo de señales?
En definitiva, aunque en esta instancia no existían muchas alternativas al acuerdo, no se puede pasar por alto la responsabilidad que le cabe a las autoridades de haber llegado a este punto y sus posibles efectos. Es fundamental que se promuevan soluciones habitacionales que permitan el acceso a ellas por parte de la población más vulnerable.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Legislativos y Jurídicos de Libertad y Desarrollo
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