El acuerdo entre el gobierno y senadores de Chile Vamos sobre la reforma de pensiones ha generado una serie de reacciones. Sin dudas, nadie puede estar en contra de buscar fórmulas que permitan aumentar las pensiones. Sin embargo, es muy preocupante que se privilegie sacar un proyecto de ley de esta envergadura en plazos ajustadísimos y sin contar con toda la información sobre los impactos presupuestarios y económicos, especialmente cuando ya hemos sido testigos de cómo la tramitación apresurada de una iniciativa legislativa o la falta de información ha tenido consecuencias negativas y/o implicado correcciones posteriores.
Un ejemplo claro es la reforma tributaria de 2014 que, tras una tramitación de 5 meses (de hecho, la Cámara de Diputados la revisó en tan solo un mes) terminó implementando un sistema tributario excesivamente complejo y medidas que afectaron a las pequeñas y medianas empresas y redujeron el crecimiento y la competitividad del país. Ello llevó a que, cuatro años más tarde, se ingresara una nueva reforma tributaria para corregir elementos de la anterior, con la incertidumbre que implica reabrir la discusión en esta materia.
Otro caso más reciente fue a propósito de la tramitación legislativa de la PGU (Ley 21.419). Siendo una de las más importantes reformas que se haya hecho en materia previsional en el último tiempo, su tramitación veloz -en parte justificada por el contexto político y social- implicó que, ni siquiera transcurrido un año desde su publicación, se ingresare un nuevo proyecto de ley para corregirla. Ello, pues personas que con la metodología del Sistema de Pensiones Solidarias habrían calificado para ser beneficiarias de la PGU, con la definición del universo de focalización que se establecía en la ley, no calificaban en ella. Mención aparte requiere la ley de exenciones tributarias (Ley 21.420), destinada a recaudar fondos para la PGU, que ya ha sido modificada por tres leyes posteriores. Un tercer ejemplo: estabilización de tarifas eléctricas. La primera ley dictada a fines de octubre de 2019, durante pleno estallido social, se tramitó en 5 días. Esta ley creó un mecanismo transitorio de estabilización de tarifas eléctricas, cuyos supuestos no se cumplieron, principalmente el valor del tipo de cambio. Tras cinco años de congelamiento de las tarifas, se originó una deuda con las generadoras eléctricas de US$6 mil millones, que se resiente hoy con un alza significativa en las cuentas de la luz.
Por ello, es una preocupación legítima que se legisle con tanta premura y sin información suficiente en una materia tan técnica como pensiones. En un contexto de déficit fiscal, lo razonable sería esperar la opinión del Consejo Fiscal Autónomo. Además, ¿cómo impactará en el empleo? ¿Cómo será el préstamo? Son muchas las interrogantes por responder. Al final del día, legislar a la rápida puede ser un arma de doble filo. Aunque algunos parecen estar más preocupados de cumplir con plazos autoimpuestos y dar señales políticas, las consecuencias de una reforma mal diseñada podrían ser mucho más costosas y perjudiciales que cualquier beneficio que se alcance en el corto plazo.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Legislativos y Jurídicos de Libertad y Desarrollo
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