Los reprochables hechos conocidos en los últimos días que involucran a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dan cuenta de la crisis profunda en que se encuentra inmerso el Poder Judicial. El solo hecho de manifestar disposición a integrar una Sala a solicitud de un abogado litigante revela una afectación grave al deber de imparcialidad que pesa sobre los jueces. Por su parte, los ministros Matus y Muñoz también están bajo la lupa. Mientras Matus apareció mencionado en el caso Audios, Muñoz está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema por una presunta filtración de información a su hija, también jueza. Todos estos hechos, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en las instancias correspondientes, dañan profundamente la imagen del Poder Judicial y afectan la confianza en nuestras instituciones. Por lo mismo, y si queremos salvaguardar la institucionalidad, la forma en que se enfrente esta crisis resulta de suma importancia.
En ese sentido, que haya sido la misma Corte Suprema la que haya suspendido a la ministra de sus funciones y abierto un cuaderno de remoción nos muestra que existen herramientas para hacer valer las responsabilidades y que dicha vía pareciera ser la más conveniente desde un punto de vista institucional. Ello, pues si bien la acusación constitucional es otro mecanismo que contempla nuestro ordenamiento jurídico, y aunque en el caso de algunos ministros podría aparentemente estar más justificada que en el de otros, implica en los hechos la intervención de otro poder del Estado en el asunto.
Por otro lado, estos hechos ponen nuevamente en la palestra la necesidad de introducir una reforma profunda al Poder Judicial. Sin duda, en materia de nombramientos es donde se concentra principalmente la atención, donde el mérito y la transparencia debieran ser ejes centrales. Sin embargo, se requiere de jueces probos y cambios que van más allá del sistema de nombramientos, pues habrá que revisar también el sistema disciplinario o la esfera de asuntos que conoce la Corte Suprema, por mencionar algunos ejemplos. En todo caso, es importante que cualquier reforma que se impulse cuente con un amplio respaldo, se aleje de ideas populistas (como lo es la elección popular de jueces que se ha planteado en México) y se analice con la rigurosidad que se requiere, teniendo como norte asegurar la independencia del Poder Judicial.
En definitiva, si bien es legítima y necesaria la discusión en torno a una reforma al Poder Judicial, es importante que, frente a casos como los que hemos visto, opere la institucionalidad. Buscar vías alejadas de ella o intentar sacar provecho político partidista de una crisis no tiene beneficios para el país a largo plazo.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Legislativos y Jurídicos, Libertad y Desarrollo
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