Columna de Rafael Blanco, Leonel González, Leonardo Moreno: Agenda de reformas al sistema judicial chileno

Es un elemento evidente el que los sistemas de justicia requieren de un sólido sistema democrático para poder operar y funcionar. La inexistencia de separación de poderes y la cooptación de los sistemas de justicia por el poder político socava severamente la necesaria independencia judicial y el control de los distintos órganos de la administración por un adecuado sistema de pesos y contrapesos. La realidad judicial de la región latinoamericana evidencia asimismo serios riesgos para un adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la necesaria inamovilidad de los jueces y la necesaria autonomía de los órganos superiores del aparato judicial

El índice de democracia de la publicación The Economist del año 2022 señala que sólo el 8% de la población mundial vive en una democracia plena, por lo que se requieren esfuerzos institucionales y políticas públicas que nos permitan concentrar esfuerzos por mejorar nuestro Estado de Derecho y en particular los sistemas de justicia en sus dos núcleos centrales de independencia externa e interna. En este índice, Chile ocupaba el lugar 19 en el año 2022, descendiendo al lugar 25 en la medición 2023 pasando de ser una democracia plena a una democracia defectuosa.

En cuanto al índice de Estado de Derecho de The World Justice Project, nuestro país ocupaba el puesto 33 en la medición de 2022 y bajó al puesto 36 en la medición de 2024 , por debajo de Uruguay y Costa Rica, pero en una posición ventajosa en relación al resto de los países latinoamericanos. Las puntuaciones más bajas de la región en la última medición con Nicaragua, Haití y Venezuela.

Esta medición coloca en evidencia, entre otros factores, el que en la gran mayoría de los países (77% del total de los países incluidos en la muestra) los poderes legislativos y judicial y la sociedad civil, han perdido control sobre el poder ejecutivo

Estos datos son un llamado de atención para reforzar nuestro Estado de Derecho y, unido a ese propósito, fortalecer la independencia judicial externa e interna.

Lo anterior requiere reposicionar en la agenda pública la importancia que posee para Chile temas como el sistema de nombramiento y remoción de jueces, la institucionalidad que tendrá a su cargo esta función, los mecanismos para garantizar la inamovilidad de la judicatura, sistemas adecuados para evitar el control del aparato judicial por el sistema político, un sistema de incentivos para generar adecuados instrumentos de atracción a la función judicial, la participación ciudadana en la administración de justicia y un gobierno de la judicatura que profesionalice las tareas de gestión, administración y adecuada ejecución presupuestaria.

Otros temas relevantes que debieran ser analizados dicen relación con las tareas que deben ser encomendadas a la Corte Suprema, donde, a nuestro juicio, sobresale la necesidad de fortalecer la función de casación y la erradicación de tareas de administración, gestión o disciplinarias. A ello puede aún sumarse la necesidad de pensar el máximo tribunal como una instancia unificadora del derecho con sistema de certiorari y precedentes vinculantes.

A los temas precedentes debe sumarse aún la necesidad de revisar la estructura de carrera judicial de modo de propender a un modelo que garantice el máximo de independencia interna y externa, y un sistema de calificaciones desvinculados de los tribunales superiores de justicia

Por otra parte, los sistemas de nombramiento de la Corte Suprema deben ser revisados al objeto de incorporar diseños que permitan ampliar la transparencia y publicidad de los procedimientos, generar un adecuado nivel de competencia por mérito y establecer sistemas de apoyo que logren prescindir de la figura de los abogados integrantes.

Parte de estos temas están presentes en los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y suponen un debate y una priorización para mejorar nuestro sistema judicial y fortalecer nuestro Estado de Derecho.

Por Rafael Blanco, Leonel González, Leonardo Moreno, académicos de la Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado