Columna de Rafael Blanco: Necesidad de debatir temas relevantes en materia de seguridad

La realidad latinoamericana evidencia severos y graves problemas de seguridad y criminalidad, motivando amplias reformas legislativas. Muchas de ellas apuntan a dotar de mayores atribuciones a la policía, lo que en muchos casos resulta perfectamente razonable. Sin perjuicio de ello, las evidencias comparadas muestran que diagnósticos errados o meras reformas legales sin medición, pueden terminar en vulneraciones de derechos y garantías, y sin impactos relevantes en eficacia preventiva o persecutoria. Ejemplos de ello hay muchos: basta con mirar la realidad inglesa en los años 80 y la necesaria morigeración de las amplias atribuciones policiales que se otorgaron en esa época. Otro tanto puede predicarse de la realidad en Estados Unidos con ocasión de las reglas de tolerancia cero de los años 90, que fueron seguidas de variados casos de abusos policiales y que generaron condenas de la comunidad. Los ejemplos abundan en América Latina, entre los que destacan la propia realidad nacional, que ha aumentado las atribuciones policiales desde el año 2000 en adelante, sin que las mismas hayan sido evaluadas en su real impacto y efectividad.

De lo que se trata entonces es de fijar la mirada en temas o falencias urgentes por resolver. Lo anterior demanda mejoras sustantivas en los sistemas de inteligencia, generando un sistema integrado, que logre conectar la información crítica entre todas las agencias del Estado y que resulte útil y operativa para hacer frente al crimen organizado y transnacional. Lo anterior requiere mejoras específicas en los sistemas de inteligencia policial y de la Agencia Nacional de Inteligencia; así como mejorar los mecanismos de reclutamiento, selección y entrenamiento policial. Requerimos revisar perfiles de quienes ingresan a la función policial; mejorar los incentivos en el reclutamiento -las postulaciones caen un 57% en 2019 y 2020-; políticas de retención del personal policial -se han perdido más de 700 funcionarios en el último año-; y, desde luego, mejorar las técnicas y tácticas usadas contra los diversos tipos de criminalidad y la capacitación de las policías en ello. Por otra parte, se necesita revisar la estructura organizacional de la policía en materia preventiva y evaluar las ventajas y desventajas de la separación entre oficialidad y suboficialidad. Esta última posee menores incentivos y capacitación, siendo, sin embargo, la que mayores riesgos asume en las tareas preventivas y de control de orden público. Se requiere revisar y mejorar los sistemas de entrenamiento y capacitación de las academias policiales, pues en ellas se juega la necesaria actualización de destrezas, conocimiento, habilidades y tácticas que la policía requiere.

Muchos de estos temas no necesariamente solicitan ajustes legales, pero suponen tiempo y una adecuada planificación estratégica.

Rafael Blanco Suárez. Académico de la Facultad de Derecho e Investigador del Centro de Políticas Públicas CIPP-UAH