Columna de Rafael Palacios: “La Agenda del Agua”
"Es difícil pensar que podremos acelerar el cambio para resguardar la seguridad hídrica de nuestro país sin una acción más decidida del Estado en entregar las herramientas jurídicas y financieras que permitan el desarrollo de proyectos de reúso y desalinización, pues el factor de aceleración de cualquier Agenda del Agua no puede ser otro que la inversión de capital en las propias soluciones que se plantean realizar."
En el día Mundial del Agua, las ministras de Medio Ambiente y Obras Públicas dieron a conocer una Agenda del Agua enfocada en resguardar la seguridad hídrica del país a través de 3 líneas de acción: destinar recursos a asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable; presentar un proyecto de ley para la utilización de las aguas grises en la agricultura y avanzar en el cambio de estándares de los emisarios submarinos; y desarrollar plataformas que contengan información sobre el agua. En forma complementaria, la agenda busca también modernizar la gobernanza y gestión del agua a través de la implementación de los planes estratégicos de recursos hídricos de cuencas, de un proyecto de ley que crea los Consejos de Cuenca, y de reforzar el trabajo y los acuerdos alcanzados en el contexto del Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos.
Si bien el llamado a los gobiernos en esta conferencia internacional fue a poner el acelerador, pensar fuera de la caja y hacer compromisos ambiciosos para acelerar su avance, no es tan claro que la agenda propuesta efectivamente movilice la acción pública y privada con la urgencia necesaria para resguardar la seguridad hídrica de nuestro país en los próximos años.
En efecto, sobre el acceso al agua y saneamiento, según el CPI, Chile es el único país de Latinoamérica que tiene un 100% de cobertura urbana de agua potable. Por lo tanto, el énfasis en la utilización de los recursos comprometidos en la Agenda del Agua apunta a cerrar la brecha existente en el abastecimiento formal de agua potable en diversas zonas rurales que, según la Mesa Agua y Medio Ambiente, alcanza el 47,2% de la población rural del país. Más que seguridad hídrica, cerrar esta brecha es, entonces, un asunto de justicia social.
En cuanto a las aguas grises, el proyecto de ley anunciado debiera modificar la actual prohibición de usar dichas aguas servidas tratadas en riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y que suelen ser consumidas crudas, pues hoy las aguas grises tratadas pueden ser utilizadas en riego de jardines o descargas de aparatos sanitarios, riego de áreas verdes o campos deportivos, usos industriales no alimenticios y usos ambientales como mantención de humedales. No obstante, si estimamos que el agua gris reemplazará el 25% del consumo de agua potable en los hogares, tendríamos un ahorro del orden de 0.25% del agua potable consumida en los hogares, cifras bastante marginales para alcanzar la seguridad hídrica.
Mucho más relevante es avanzar en el cambio de estándares de los emisarios submarinos pues todavía en nuestro país cerca de un 22% de estas aguas son vertidas al mar (más de 8,4 m3/s). Es aquí donde las regiones del norte del país y Magallanes tienen una gran oportunidad para crear nuevas fuentes de agua para usos industriales y agrícolas a partir del tratamiento de los efluentes de emisarios submarinos. En efecto, avanzar en el reúso de aguas grises y residuales es el primer paso que permitirá acelerar el paso hacia la seguridad hídrica pues proporcionan nuevas fuentes de agua para la industria, la agricultura y otros usos urbanos.
Pero ¿y el agua potable? La Agenda del Agua responde a esta pregunta oblicuamente con la reforma a la actual gobernanza del agua, la que se espera debiera mejorar la planificación, gestión y distribución del abastecimiento del agua continental disponible, buscando implementar lo que la Ministra Rojas denominó en un seminario de la Universidad de Concepción realizado el mismo día “soluciones locales”. La idea es que cada Consejo de Cuenca evalúe las distintas soluciones con que puedan reducir el déficit hídrico que enfrentan. Así, por ejemplo, cuencas que según un reciente informe del Comité Científico de Cambio Climático presentan brechas hídricas altas que van de los 824% al 43%, debieran procurar soluciones como la instalación de plantas desalinizadoras de agua de mar que aporten en forma urgente nuevos recursos a la oferta para no limitar su desarrollo económico. Y cuencas que presentan brechas hídricas medias que varían entre en el 40% y 21% debieran evaluar alternativas que les permitan reordenar la oferta y demanda, asignando prioridades de uso y mejorando la eficiencia hídrica.
Sin embargo, la búsqueda de estas soluciones locales puede demorar demasiado. Los Consejos de Cuenca tardarán años en instalarse y otros más en acordar las soluciones locales a implementar. Si a ello le agregamos el que los proyectos de reúso y desalinización de agua de mar carecen de una regulación que les permita implementarse antes de 6 años, el urgente llamado a la acción parece estar completamente ausente en esta Agenda del Agua. Es difícil pensar que podremos acelerar el cambio para resguardar la seguridad hídrica de nuestro país sin una acción más decidida del Estado en entregar las herramientas jurídicas y financieras que permitan el desarrollo de proyectos de reúso y desalinización, pues el factor de aceleración de cualquier Agenda del Agua no puede ser otro que la inversión de capital en las propias soluciones que se plantean realizar.
* El autor es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades).
