Columna de Rafael Palacios: “Tagle, Kelsen y la Nueva Constitución”
"Los sistemas informáticos del Estado deben internalizar la estructura piramidal que tiene el ordenamiento jurídico según Kelsen, con la Constitución en la cúspide como norma suprema, para que sean las propias plataformas de datos de los distintos órganos del Estado las que resuelvan decenas de procedimientos administrativos que actualmente requieren cientos de horas de miles de funcionarios públicos, pudiendo ser resueltos en pocos segundos por algoritmos bien programados."
Todos hemos felicitado al Servicio Electoral (Servel) por su trabajo en las últimas elecciones; rápido, certero, transparente, ubicuo, a pesar de que gran parte de su éxito descanse también en el comportamiento ejemplar de votantes y vocales de mesa. Sin embargo, la disputa por la inhabilidad de Karla Añes para inscribir su candidatura como Consejera Constitucional vuelve -una y otra vez- a desnudar la inexistencia de la integración de datos en el Estado y, más complejo aún, como este déficit tecnológico deja espacios para que el personalismo de autoridades carismáticas aflore para resolver problemas puramente administrativos valiéndose de instrumentos políticos. En efecto, un asunto que pudo haber sido resuelto por la adecuada programación de una plataforma tecnológica de datos integrados, dio pie a declaraciones del Poder Judicial, de presidentes de partidos políticos, legisladores, abogados y académicos, periodistas y activistas, además de notas en diversos medios de comunicación buscando responsables, hasta terminar con la “renuncia” voluntaria de la candidatura de Añes.
Pero si el 4to Juzgado Oral Penal de Santiago informó la condena de Añes al Registro Civil, órgano que su vez registró tanto la inhabilidad como el cumplimiento de la condena impuesta, y ambas anotaciones fueron posterior y oportunamente oficiadas al Servicio Electoral para la elaboración del padrón, ¿Qué, entonces, falló? El problema está en el interoperabilidad de las bases de datos de ambos órganos dado que actualmente funcionan como silos con codificaciones autónomas, pues el contenido de la información remitida por el Registro Civil debió llevar inscrito (embedded) que el tipo de inhabilidad referida en la primera anotación correspondía a las indicadas en el numeral tercero del artículo 17 de la Constitución, permitiendo con ello que el procesamiento que hiciera el Registro Electoral rechazara automáticamente la inscripción de la candidatura por no constar el segundo requisito constitucional configurado en el párrafo segundo de dicha disposición.
Lo relevante de este historia es que los sistemas informáticos del Estado deben internalizar la estructura piramidal que tiene el ordenamiento jurídico según Kelsen, con la Constitución en la cúspide como norma suprema, para que sean las propias plataformas de datos de los distintos órganos del Estado las que resuelvan decenas de procedimientos administrativos que actualmente requieren cientos de horas de miles de funcionarios públicos, pudiendo ser resueltos en pocos segundos por algoritmos bien programados. ¿Qué pasará con quienes nos encontrábamos en el extranjero el domingo pasado? ¿Oficiará el Servel a los Juzgados de Policía Local para cursar miles de multas a quienes no votaron el pasado domingo, para que luego éstos deban, a su vez, oficiar a Policía de Investigaciones para verificar si esas personas registran haber salido del país? ¿O cursarán los segundos las multas no más para que sean los propios ciudadanos quienes deban solicitar los certificados a la PDI y presentarlo junto a los descargos correspondientes? En cualquier caso, el Estado volverá a invertir cientos de horas de miles de funcionarios públicos para llevar adelante un procedimiento administrativo enteramente automatizable por la interoperabilidad de las plataformas de datos del SERVEL y de la PDI.
Este derroche de recursos y comedia de equívocos se vuelve aún más crítico estando ad portas de un cambio constitucional, pues siendo la norma suprema que irradia a todas las leyes y regulación secundaria, es de esperar que debamos implementar adecuaciones masivas de decenas de normas que contienen cientos de obligaciones, requisitos, condiciones y derechos tan esenciales como los establecidos para obtener, perder, otorgar o recuperar la ciudadanía, adecuaciones que muy difícilmente podremos realizar en plazos razonables sin recurrir a las herramientas que hoy proveen las tecnologías de la información y la inteligencia artificial.
* El autor es miembro del directorio de Pivotes.
