Por Rafael Sánchez, director del Magíster en Políticas Públicas, Universidad Diego Portales
Hace unos días, los ministerios de Hacienda y Trabajo y la dirigencia de la CUT celebraron un acuerdo que incluye, entre otras cosas, reajustar el salario mínimo a $380.000 desde mayo y a $400.000 desde agosto, junto a un apoyo transitorio para las Pymes de $22.000. Así, desde diciembre pasado (cuando el salario mínimo era de $ 337.000) hasta agosto de este año, el salto será de $63.000, cerca de 18,7%. Es un reajuste muy superior al incremento en inflación más productividad, que usualmente se tiene en mente durante la discusión, pues se piensa que los mercados laborales tienden a ser competitivos; la evidencia, sin embargo, nos dice que están lejos de serlo, lo que en la práctica se traduce en que exista “algún espacio” para reajustar al alza el guarismo por sobre inflación más productividad. Ese “espacio” es ciertamente difícil de definir y calcular.
Lo que sí sabemos con mayor precisión es que este fuerte reajuste en pocos meses llega en un contexto particular: el empleo aún no se recupera del todo de la pandemia (en especial en mujeres y jóvenes); se discute una rebaja de jornada laboral a 40 horas; se suma el incremento de 6 u 8 puntos en las cotizaciones previsionales; más la presión por el efecto migratorio y también, crecientemente, por la automatización (la evidencia hasta ahora sugiere efectos netos negativos); los cambios a las gratificaciones legales (que podrían aumentar los costos de manera relevante); más los efectos indirectos que todo lo anterior pueda provocar en la informalidad laboral; más la bomba educacional que repercutirá en el mercado laboral en algunos años más.
Así, es urgente planificar adecuadamente los objetivos de mediano y largo plazo para el mercado laboral chileno. Usualmente lo urgente no deja ver lo importante, pero en este caso resulta clave que las autoridades prioricen y dosifiquen las reformas al mercado laboral, en especial cuando tenemos dos bombas por explotar: la escolar y la previsional.
Además del momento y la magnitud del reajuste al salario mínimo, llama la atención el anuncio algo ambiguo del subsidio transitorio a las Pymes. El salario mínimo seguirá subiendo en los próximos años; si el gobierno subsidia $22.000 del alza de $50.000, ¿qué hará cuando en abril de 2023 vuelva a reajustarse? ¿Eliminará el subsidio y generará un gran salto en los costos de las Pymes? ¿Lo mantendrá y las Pymes enfrentaran un mayor alza? ¿O lo incrementará para seguir apoyándolas? La economía política sugiere que este apoyo será más permanente de lo que sugiere el ministro, salvo que le quiera pegar un espolonazo a las Pymes en 2023.
Finalmente, el diseño propuesto genera dos puntos de corte discreto que dan pie a incentivos negativos: uno respecto del tamaño de empresa (ya sea por número de trabajadores o por ventas), pues el apoyo de $22.000 será para aquellas que estén de cierto nivel hacia abajo, mientras una empresa igual, pero con un trabajador más (o que vende $1 más) no recibe apoyo alguno. También es problemático crear un aporte discreto solo para quienes reciben salario mínimo (aquellos trabajadores que reciben $1 más no reciben apoyo). En esta línea, se podría haber aprovechado y profundizado en la experiencia del ingreso mínimo garantizado (IMG) que plantea subsidios decrecientes.
