La desconfianza parece ser un rasgo propio del carácter chileno en la relación con instituciones o personas ajenas a nuestro círculo íntimo. Crónicas de autores como Benjamín Subercaseaux y Edwards Bello durante la primera mitad del siglo pasado, y diferentes encuestas en los últimos 35 años, dan cuenta de esto. Pero esta inclinación idiosincrática encuentra, cada cierto tiempo, alguna situación que refuerza sus fundamentos. El caso Audio es esa situación.
La variedad de actores e instituciones que deberán responder jurídica, política o comunicacionalmente a las más diversas imputaciones, nos tendrá por un largo tiempo revisando propuestas de reformas más o menos estructurales en el ámbito político, jurídico, de mercado y de los nexos que los unen. Estas empezarán a tener lugar en la medida en que vaya decantando el ánimo sacrificial propio de cualquier crisis de esta magnitud en su etapa inicial.
Todo esto tendrá un hilo común: la desconfianza pública hacia las instituciones. Probablemente tendrá el carácter de una crisis generalizada, como sucedió a mediados de la década pasada con el financiamiento de la política. En el contexto actual, la más afectada es el Poder Judicial, pero lo esperable es que la desconfianza crezca en alcance e intensidad hacia otras instituciones; no solo porque muchas están expuestas a ser involucradas en este caso, sino porque cuando la desconfianza es estructural -como en Chile-, los pecados de una institución se transforman en la sospecha hacia las demás.
El debate sobre esta materia muchas veces se ha reducido a que la confianza es buena y la desconfianza mala. La realidad es distinta y más compleja. La confianza y la desconfianza no son extremos del mismo continuo, ambas pueden existir simultáneamente, ambivalentemente (Bies, 2014). La confianza, en ausencia de desconfianza, es el sueño del autoritario; es lo que reclaman este tipo de líderes para eliminar, por ejemplo, la separación de poderes del Estado. Por eso, la pregunta esencial no es cómo lograr que las personas confíen más en las instituciones, sino cómo estas atienden la desconfianza pública.
La ambivalencia entre confianza y desconfianza de la que son objeto las instituciones es donde radica su capacidad de sobrevivencia. Estas pueden convivir con cuotas altas de desconfianza -como lo hacen en Chile y probablemente lo harán en mayor medida durante los próximos años-, siempre que logren darle cauce institucional a través de procesos de reforma, de ajuste a los tiempos, sin los cuales la desconfianza deviene en deslegitimación. Este es un estado completamente distinto, en el que las personas se abren a alternativas radicales, muchas veces peores que lo que se quiere remediar, como acaba de suceder con la reforma judicial en México, que incluye la elección popular de jueces. Nuestras instituciones han mostrado una sorprendente resiliencia en el marco de los agitados últimos cinco años; varias volverán a ser puestas a prueba.
Por Rafael Sousa, socio de ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
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