Estos días, más capillas se sumaron a los tantos templos incendiados en Victoria, Traiguén, Santiago y Chiloé. De todos los vandalismos de los que hemos sido testigos, este es especialmente grave, porque golpea a nuestro patrimonio, al sentido de comunidad, al derecho de culto y al de libertad religiosa; todo de una vez. Veámoslo en ese orden.
Que varios de estos templos eran parte de nuestra herencia arquitectónica, no cabe duda. San Francisco de Borja, construida en 1876, con sus 29 vitrales traídos de Francia; la Iglesia de la Asunción, con su torre cayendo en llamas; la de San Francisco de Ancud, exponente de arquitectura en madera; la de la Veracruz, monumento protegido en Lastarria. Golpes imperdonables a nuestro patrimonio y a nuestras ciudades.
Pero incluso cuando el fuego destruye pequeñas capillas rurales en vez de edificios históricos, el atentado es grave, porque estos centros religiosos son parte clave del espíritu de comunidad de sus localidades. Junto a esas capillas, también arden escuelas, sedes sociales y postas; durísimos golpes para esos habitantes.
¿Y la libertad de culto? ¿Cómo podría esta permanecer intacta si se queman los lugares donde se celebran los ritos? ¿Cómo se congregan hoy los vecinos de Lastarria o de Aniñir? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a que “hagan los máximos esfuerzos […] para garantizar que se respeten y protejan plenamente los lugares, santuarios y símbolos religiosos, y a que adopten medidas adicionales en los casos en que sean vulnerables a la profanación o la destrucción”. ¿Cumple hoy el Estado de Chile con esta garantía?
Por último, el informe de Libertad Religiosa 2023, de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN, por sus siglas en inglés), indica un importante deterioro en Chile. “Preocupantes han sido las actitudes demostradas por algunos gobiernos que parecen pasar por alto las leyes y que han tolerado ataques contra lugares de culto y fieles durante protestas públicas, haciendo dejación de su deber de investigar y perseguir debidamente a los autores de los actos delictivos. En Chile, el Presidente llegó a indultar a un hombre condenado por incendiar la catedral de Puerto Montt durante una ola de disturbios sociales que se produjo en 2019 y que se conoció como estallido social”, dice el texto. Fuerte.
A pesar de las críticas de los últimos días por un supuesto silencio de la Iglesia ante los atentados, hay decenas de declaraciones de los arzobispos de Santiago y Concepción, los obispos de Temuco, Ancud y Melipilla, la Mesa Sinodal, la misma ACN, los párrocos de templos quemados, fieles, entre muchos otros.
No nos confundamos, aquí no ha habido silencio de los afectados, sino ausencia del Estado de Derecho y del deber de protección. En palabras de Ortega y Gasset, válidas hoy como hace un siglo: “Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas”.
Por Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo UNAB y profesor UC
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