Columna de Ricardo Abuauad: Un presupuesto para la ciudad
Las últimas noticias en relación con la crisis de vivienda son malas: los permisos de edificación residenciales bajaron un 44% en agosto, la peor cifra desde 2010. Los créditos hipotecarios caen un 40% si se compara con 2021. Faltan incentivos, certezas jurídicas, facilidades en la tramitación, todos asuntos que deben resolverse con urgencia.
Con un escenario así de difícil para las ciudades, hay que mirar con atención la ley de presupuesto 2023 que se acaba de presentar: es el primer ejercicio de esta administración, y debe estar zanjado para noviembre. ¿Qué énfasis deja entrever?
En el contexto de un aumento del gasto público de 4,2%, el Minvu aumentará la inversión del suyo en un 14%, muy por sobre el porcentaje general. Y, aunque era fácil prever que una parte significativa de ese presupuesto iría a lo habitacional (el 86%, con un crecimiento del 17,6%), preocupa que la inversión en ciudad y desarrollo urbano no abarca sino un 13%, con una disminución del 5,1%. ¿Por qué es relevante? Porque conocemos bien las consecuencias de resolver el problema de vivienda solo en lo cuantitativo, sin actuar en la calidad de los espacios públicos y servicios de esas urbanizaciones: es lo que hicimos durante años, y el resultado es malo. De hecho, si solo observamos la inversión que se propone hacer en ciudades, el énfasis está puesto en veredas y vialidad, y los parques urbanos, que claramente no serán prioridad, ven disminuir su presupuesto en un 38% (el Parque Metropolitano tendrá un recorte del 47% del monto para inversiones con el que contaba). Mala cosa para los habitantes de estos nuevos conjuntos, que puede que cuenten en el futuro con el techo que les falta, pero no con la vida urbana y los espacios de ciudad que requerirán.
Otro asunto preocupa, y debería ser resuelto en la discusión de los próximos días: el control del gasto. Se eliminan las referencias a informar la ejecución de ellos al Congreso, la entrega y ejecución de subsidios, las empresas que quiebran, los resguardos para compra de suelo, y los avances del plan habitacional. Parece fundamental que estos resguardos se repongan; de otro modo es difícil que la sociedad civil ejerza su rol fiscalizador.
Hay, sin embargo, aspectos a destacar, como la batería de nuevas herramientas de gestión, la posibilidad de crear sociedades mixtas con privados, el elevado monto para la compra de suelos, o los proyectos de vivienda industrializada (aunque preocupa en estos últimos que no necesiten contar con permisos de edificación ni ceñirse a la planificación territorial, con el riesgo de una visión centralista de las necesidades en regiones).
La discusión de este presupuesto es clave en la solución de la crisis, y debemos estar atentos a estas tres cuestiones: nuevas herramientas para la vivienda, mayor control de la sociedad civil, y mejores ciudades que nivelen las oportunidades especialmente en sectores vulnerables. Es una mesa de tres patas en la que ninguna puede cojear: el debate recién comienza.
Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC
