Columna de Ricardo Toro, exdirector de Onemi: Una alianza público privada para reducir el riesgo de desastres

Con la Declaración de Punta del Este se dio por finalizado la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe en Punta del Este, Uruguay. De ella se puede concluir que se mantiene como hilo conductor la necesidad de reducir el riesgo de desastres (RRD) en un contexto de multiamenaza, que conlleva a adaptarnos al cambio climático ante los escenarios extremos que se presentan cada vez con mayor frecuencia, afectación y violencia. Sus dimensiones son de tal envergadura, que se reconoce que todos los esfuerzos de los gobiernos por sí solos serán insuficientes, sin una acción coordinada y colaborativa entre el mundo público y el privado, centrado principalmente en la disminución de las vulnerabilidades territoriales y en la preparación de las comunidades.

Esta vinculación encuentra su punto de convergencia, en la responsabilidad que le cabe a las diferentes autoridades públicas relacionadas con la materia, facilitando la disponibilidad, coordinación y empleo de todos los recursos existentes en el país, con el compromiso que tienen las empresas privadas de cumplir con las normativas y estándares nacionales e internacionales, aportando con sus variadas capacidades a nivel nacional, especialmente a través de un relacionamiento directo con las localidades de su entorno, las desvinculadas y las afectas a zonas de riesgo.

Lo descrito es fundamental. Sin embargo, surgen una serie de suspicacias con respecto a su materialización, que de alguna manera cohíbe la relación de ambas partes para actuar proactivamente en la RRD, repercutiendo especialmente en el eslabón más débil y base para enfrentar las emergencias: el nivel comunal. Las municipalidades por ley son las responsables de la diminución de sus vulnerabilidades y deben resolver el problema común que radica en que en muchas de ellas no existen los recursos para que la gestión del riesgo de desastres sea efectiva. Por mencionar algunos ejemplos, levantar proyectos, elaborar planes para gestionar el riesgo de desastres para la prevención y la respuesta, como también, desarrollar programas preventivos para el conocimiento del riesgo o llevar a cabo actividades relevantes, como es la preparación de la población para enfrentarlos, dentro de otras tareas.

Entender lo anterior, y tal como se refleja en espíritu de la Ley 21.364 para la gestión del riesgo de desastres en el país, implica por parte de todos los que participan en este proceso, el deber de facilitar y promover la indivisibilidad del mundo público y privado como una acción positiva, transparente y resiliente, que tiene como su único propósito utilizar todas las capacidades disponibles particularmente en aquellas comunidades más vulnerables.

Claramente no existe ninguna justificación y sería difícil de aceptar, que por trabas basadas en percepciones no acordes a lo que la realidad impone como indispensable, restemos voluntad de alcanzar un objetivo tan prioritario como es salvaguardar la vida de las personas que habitan en uno de los territorio más sísmicos del mundo y afecto a las graves consecuencias generadas por el cambio climático, al estar calificado como “altamente vulnerable”. Algo que desgraciadamente estamos lamentando nuevamente con los efectos de los recientes incendios forestales.

Por Ricardo Toro Tassara, ex Director Nacional de ONEMI.