No pasa ni un día sin que se informe sobre actos criminales en el país: robos, secuestros, asesinatos, lavado de activos y muchos otros ilícitos. De aquí que existe una preocupación transversal a todos los sectores políticos y en la ciudadanía respecto del incremento e intensidad de los delitos, los que de manera preocupante han tomado formas no vistas hasta hace unos años en Chile. Incluso, un actor que no se encuentra en primera línea en torno a este fenómeno, como es la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entregó al gobierno propuestas para el combate al crimen organizado con miras a un “crecimiento económico integrador y sostenible” para el país.
Nos preguntamos entonces, ¿cómo se puede mejorar la seguridad de los habitantes de Chile en forma rápida y sostenible en el tiempo? Contratar más personal es caro y lento, requiere capacitación y, además, aborda los síntomas más que las causas. Por lo pronto, los planes que concentran los esfuerzos en algunas comunas, si bien generan una sensación de avance, aparentemente no son efectivos. Existe una limitación importante en torno a la disposición de recursos humanos que, por un lado, implica una desviación del personal ya exiguo en número, y, por el otro, no logra evitar el desplazamiento del crimen hacia comunas que no se encuentran dentro de las zonas de resguardo; es solo una “seguridad artificial”.
Por ello, sería más beneficioso contar con una seguridad con inteligencia. Con esto me refiero a la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en etapas relevantes como, por ejemplo, las que menciona la Fundación Paz Ciudadana. Esto es, desde la prevención temprana, pasando por la prevención situacional y disuasión, seguido por la persecución del delito y llegando, finalmente, a la condena (incapacitación) y luego a la reinserción.
¡Se puede! La tecnología está a nuestra disposición y ya tenemos experiencia probada aplicándola en varias de las etapas antes mencionadas. ¿Qué falta?
Primero, es crucial avanzar decididamente y escalar a nivel nacional los sistemas que ya hemos implementado con éxito. Un ejemplo son los modelos de lenguaje de gran tamaño (Large Language Models, LLM) que pueden reducir hasta en un 90% el tiempo necesario para preparar la litigación de una causa, manteniendo la calidad de los resultados obtenidos por un humano. A su turno, la clasificación automatizada de cientos de documentos usando redes neuronales simplifica significativamente su posterior análisis. ¿Cuántos documentos genera el sistema judicial cada día y que solo esperan estar revisados de manera eficiente y efectiva por la Inteligencia Artificial? A su vez, analizamos redes delictivas con sofisticados modelos de optimización identificando sospechosos y su participación en el crimen organizado. Por su puesto, estas bondades no se encuentran exentas de desafíos no técnicos y requieren de mucha atención. Estamos conscientes de ello. Como en toda aplicación de la Inteligencia Artificial, es fundamental respetar aspectos regulatorios, éticos y sesgos, entre otros. En ese sentido, la ley que regulará los sistemas de IA, cuyo proyecto ingresó en mayo de este año a la Cámara de Diputados, es un paso importante en esta dirección.
Segundo, se requiere una mayor integración y coordinación entre los actores relevantes del mundo público, privado y académico. Si el crimen es organizado, la respuesta no puede ser desorganizada. Que no pase lo que se ha observado en los últimos años, con la poca coordinación entre los diferentes organismos encargados de la seguridad ciudadana, una realidad incómoda que prefiero no profundizar acá.
Y tercero, es necesario avanzar hacia una colaboración internacional. Si el crimen organizado es internacional, así debe ser su combate. Chile puede tomar un rol protagónico en las diferentes instancias internacionales (Interpol y AIAMP, entre otros), con el objeto de promover una mayor asociación e intercambio de datos e información.
Con estos tres pasos podremos dar una respuesta más inteligente que artificial al desafío que nos preocupa a todas y todos los habitantes de este país.
Por Richard Weber, académico de Ingeniería Industrial, U. de Chile, e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI)
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