Columna de Rina Montti: Reelección de Bukele, los derechos humanos en peligro

En El Salvador se registraron las elecciones más controversiales -por decir lo menos- del período postguerra. La votación del pasado 4 de febrero estuvo marcada por irregularidades e ilegalidades. El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, preparó este escenario desde hace al menos tres años, iniciando con la toma de control de la Corte Suprema de Justicia y en particular de la Sala de lo Constitucional.

Siguió con el nombramiento de un fiscal general ad hoc a sus necesidades y requerimientos, aderezado por una mayoría absoluta de diputados que se sienten más orgullosos de mostrarse afines a él que hacer campaña sobre sí mismos. Este escenario permitió una candidatura presidencial inconstitucional, ya que la reelección está prohibida en la Constitución salvadoreña.

Como población, difícilmente podemos esperar que las reglas del juego se respeten en este nuevo -e ilegítimo- período de Bukele, ya que estos primeros cinco años se han caracterizado por un sinfín de violaciones a los derechos humanos y actos de matonería por parte de sus funcionarios públicos, agravado por cierres cada vez más drásticos de los espacios de comunicación entre la población y el Estado.

Durante estos dos últimos años, el gobierno de Bukele, junto a sus diputados, decretó un estado de excepción, que a estas alturas tiene poco de excepción y mucho de permanente control social y coerción. Bajo el estado de excepción se han capturado a más de 75.000 personas señaladas de formar parte de estructuras de pandillas sin mostrar una orden judicial en mucho casos, es decir sin una acusación en concreto. La mayoría de las personas detenidas son pobres, jóvenes, de sectores marginalizados.

En los últimos seis meses, el estado de excepción también ha sido aplicado a personas de organizaciones de sociedad civil que luchaban por sus derechos fundamentales, como el derecho al agua o a la tierra. Como los anteriores gobiernos, este no solo continúo negando estos derechos, sino que encarceló a líderes sociales para acallarlos.

El presidente se autoproclamó ganador de las votaciones, aunque todavía no hay resultados en firme sobre estas. Lo que sí está firme, es que la política de Bukele continuará reprimiendo las voces disidentes de la prensa independiente y de las organizaciones de derechos humanos.

Rina Montti, Directora de investigación en derechos humanos de la ONG salvadoreña Cristosal.