Columna de Robert Currie: Desafíos pendientes para la gestión de residuos y la carbono neutralidad

A fines de 2024, en una sesión especial del Senado, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dio a conocer el Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático (RANCC) con políticas, planes y medidas en dicha materia. Lo anterior, conforme lo exige la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) con el fin de monitorear e informar su estado de avance.

La LMCC establece una meta de carbono neutralidad para 2050. Por ello, una de las mayores preocupaciones expresadas por los parlamentarios durante esta sesión fue aprobar e implementar proyectos que habiliten la transición energética, como las líneas de transmisión, que han sufrido extensos retrasos por la llamada “permisología”.

También un grupo de senadores levantaron inquietudes en materia de residuos. Cabe considerar que cuando estos no se gestionan adecuadamente, producen impactos, tanto en la salud como en el medio ambiente. Además, contribuyen al cambio climático mediante la emisión de metano de residuos en descomposición o, indirectamente, a través de las emisiones generadas en la cadena de valor. Un problema mayor, considerando que, en los países de la OCDE, Chile ocupa el último lugar en la valorización de residuos.

La incidencia de los residuos en el control de las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido relevada por diversos instrumentos de gestión del cambio climático establecidos en la LMCC. Por ejemplo, la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), que articula la gestión del cambio climático a nivel nacional (objetivos de mitigación y adaptación), incluyó “eliminar la basura y la contaminación desde el diseño”. Una de las metas para este plan es implementar en 2025 un etiquetado obligatorio de reciclabilidad, que busca incidir en el comportamiento de los consumidores finales. Otro desafío es “mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible”. E implementar la regulación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para textiles este año. Es decir, regularlo como producto prioritario para evitar que los descartes de ropa se conviertan en los basureros gigantes del norte chileno.

Se debe tener presente que la ECLP no es una política pública orientadora, sino un instrumento de gestión de cambio climático de carácter vinculante; una estrategia cuyas disposiciones deben ser integradas en los Planes Sectoriales de Mitigación y de Adaptación. Esto para poder evaluar su avance y cumplimiento mediante indicadores de reporte y verificación.

Considerando estos avances descritos, se ve complejo que puedan cumplirse a tiempo. Para alcanzar estas metas, es imprescindible el uso de la Ley REP. Sin embargo, su implementación ha sido lenta, principalmente por falta de recursos humanos y financieros. Aunque las unidades técnicas del Ministerio del Medio Ambiente avanzan en la materia, institucionalmente se requiere una priorización que permita adoptar definiciones regulatorias, colaborar con el sector privado, y agilizar una temática crítica para alcanzar la anhelada carbono neutralidad.

Por Robert Currie, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Andrés Bello