Columna de Robert Currie: Superar la permisología para impulsar la inversión

El país enfrenta el desafío de mejorar un sistema de permisos que, lejos de facilitar la inversión en proyectos estratégicos, se ha convertido en un obstáculo. En palabras del Presidente Boric: “En Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, es irracional”.

En el mismo tenor, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad relevó la pérdida de competitividad que enfrentamos. Lo que se comprueba en extenuantes demoras desde el inicio hasta la implementación de una obra, que, en los casos más extremos, puede superar los once años.

La permisología tiene particular incidencia en grandes inversiones asociadas a proyectos críticos o estratégicos para el país, como los portuarios, la generación o transmisión de energía y la desalinización. Así, muchísimos proyectos deambulan largos años entre su tramitación ambiental y sectorial impidiéndonos alcanzar objetivos estratégicos como la provisión de agua o la descarbonización.

Para intentar resolver esto, aparecen transformaciones legales que buscan reformar la “permisología” como el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que contemplan tramitaciones aceleradas para iniciativas urgentes o priorizadas, reduciendo los plazos en un 50%.

Sin embargo, sus causales de procedencia y mecanismos de priorización son significativamente disímiles. Por tanto, un proyecto puede ser prioritario para obtener permisos sectoriales, pero no para evaluación ambiental, y viceversa. Así, esto fragmenta el proceso para el titular del proyecto y resta coherencia al sistema.

En la reforma al SEIA, el procedimiento de urgencia ya existe y prácticamente no ha sido utilizado, por lo que este proyecto de ley busca ampliarlo a las Declaraciones de Impacto Ambiental y no solo a los Estudios de Impacto Ambiental. Adicionalmente, considera nuevas hipótesis, aunque siguen siendo bastante restrictivas. Por ejemplo, actividades urgentes para atender necesidades públicas o cuando se trate de servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para Chile.

En tanto, los criterios de priorización que se aplican en la LMAS obedecen a una lógica bastante más transversal. Se consideran iniciativas que podrían ser estratégicas debido a sus montos de inversión, contribución al desarrollo económico, social, empleabilidad y compromisos de descarbonización, entre otros aportes.

Otra diferencia significativa es que la calificación de urgencia en el SEIA depende del director ejecutivo del Servicio, mientras que en la LMAS la decisión final corresponde a un Comité de Subsecretarios.

Considerando lo anterior, cobra relevancia la experiencia comparada, que utiliza un mismo sistema para priorizar proyectos. Esto, tanto en la evaluación ambiental como en la tramitación de permisos sectoriales, permitiendo que los promotores del proyecto tengan certeza en las reglas, plazos claros de tramitación y acompañamiento ante eventuales complejidades que surjan durante el proceso.

Un sistema de priorización, coherente y unificado, no implica flexibilizar estándares ambientales, sino avanzar con mayor celeridad y certeza en iniciativas que permitan alcanzar las metas que el país ha trazado.

Por Robert Currie, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Andrés Bello (UNAB)