Columna de Robert Funk y Carl Meacham: Después de 200 años, gestionando nuevas definiciones
La conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y EE.UU. ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la continuidad y el cambio que éstas han vivido. Si bien siguen habiendo fuertes lazos de amistad y comercio, dos temas coyunturales –el tratado tributario y el programa Visa Waiver– demuestran los desafíos que hay hacia delante.
El Senado norteamericano aprobó la semana pasada el tratado que evitaría la doble tributación, pero no fue fácil. El senador Rand Paul desde por lo menos 2014 ha liderado la oposición, observando que los tratados tributarios permitirían a los gobiernos extranjeros acceder a información bancaria de ciudadanos estadounidenses, sujetos a “un estándar vago”.
Pero en las últimas semanas ha sido el programa Visa Waiver lo que ha atraído más atención en la clase política, puesto que un fiscal en California, Todd Sptizer, había sostenido que una cantidad desproporcionada de personas detenidas por robo son chilenos, que han entrado al país usando el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, o ESTA. La participación de viajeros chilenos en delitos de este tipo no es nueva. España se ha quejado de algo parecido. Sería bueno que como país nos preguntáramos qué estamos haciendo, o no haciendo, para que seamos conocidos como exportadores de delincuentes.
Gracias a los esfuerzos del embajador en EE.UU. Juan Gabriel Valdés y el Canciller van Klaveren, se logró bajar la temperatura y llegar a un acuerdo. Aun así, vale la pena preguntarnos cómo llegamos a esto. Chile es uno más de unos 40 países que usan el sistema ESTA. El argumento de EE.UU. no era solamente que muchos chilenos roban, sino que EE.UU. no recibía la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, porque Chile no la entregaba. ESTA funciona con información biográfica entregada por los postulantes. Pero a veces se piden datos adicionales, como bancarios o penales, y Chile se había negado a entregarlos. Las excusas variaban desde que la información penal está descentralizada, a motivos de privacidad personal.
Este desorden, que por la temática le corresponde a Interior, le cedió argumentos a los opositores de Visa Waiver y dejó al país mal parado en comparación de las decenas de países que sí cumplen con las condiciones del tratado. En otras palabras, pareciera que, una vez más, Cancillería se ve obligada a arreglar los líos en que, por desorden o ideología, La Moneda la mete.
Los dos episodios confirman lo obvio: que las relaciones bilaterales deben tomar en cuenta la política doméstica. Por ahora, el gobierno de Biden ha logrado recuperar cierto orden en la política pública estadounidense (interna e internacional), por lo menos mientras controla el Senado. ¿Pero cuánto tiempo durará? Las elecciones presidenciales del próximo año serán reñidas. La Visa Waiver se ha convertido en un arma más en el discurso antimigratorio del Partido Republicano, y el presidente de la Cámara de Representantes es un republicano de California que apoyó al fiscal Spitzer. Chile entendió tardíamente que se estaba enfrascando en el fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso norteamericano.
A la vez, Chile también ha cambiado. Habiendo desechado “los 30 años”, socios extranjeros notan el giro de ser el “mejor alumno del curso” a asumir una postura de adolescente rebelde. Se preguntarán si conviene seguir quemando capital político para proteger una relación incierta. Una cosa es ser conocidos como un país exporta-lanzas; otra es que La Moneda siga concibiendo, como ocurrió con el TPP11, a los tratados internacionales como atropellos inaceptables a la soberanía de Chile.
El tratado tributario representa de alguna forma como se han llevado a cabo las relaciones entre Chile y EE.UU. en los últimos 30 años –basadas cada vez más en mayor integración y confianza-. La polémica de Visa Waiver apunta a la nueva realidad de conflicto e incertidumbre. Ambos países tienen la oportunidad de dar señales respecto del camino para los próximos 200 años.
Por Robert Funk, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, y Carl Meacham, ex asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.
