Columna de Roberto Cárcamo: Hoy le tocó a los vecinos de Las Condes, mañana podría ser usted

La mayoría de las personas dependen de que un banco les otorgue un crédito para adquirir un bien raíz. Para ello, todo banco elabora un estudio de títulos del inmueble que el eventual cliente quiere comprar. Si los títulos están en orden y el banco otorga el crédito, el comprador se obligará por varios años a pagar dividendos, pero con la tranquilidad de que el bien está a su nombre y de que nadie se lo podrá quitar mientras pague sus cuotas.

Ningún comprador se imaginaría, entonces, que un pronunciamiento estatal determinase que los títulos que obtuvo hace años, que fueron estudiados y aprobados por su banco, eran incorrectos y que en el terreno en que se sitúa su casa o departamento en realidad no debiera haberse construido nada. Esa es la situación en que la Contraloría General de la República dejó a cientos de vecinos de Las Condes al emitir dos dictámenes este año.

Las comunas de Las Condes y La Reina son atravesadas por el canal El Bollo, un antiguo acequión de regadío que actualmente se encuentra totalmente inserto dentro de la ciudad. En la década de 1990 el Plan Regulador Metropolitano (PRMS) previó que a los costados de aquel canal se construyera un parque que protegiera su caudal, del mismo modo que en el canal San Carlos. Sin embargo, habiendo transcurrido tres décadas, del famoso parque no hay más que una línea trazada a mano alzada en un viejo plano.

Precisando el PRMS, el Plan Regulador Comunal de La Reina estableció que la zona de afectación a utilidad pública de los terrenos colindantes con el canal fuese de 15 metros (es decir, 7,5 metros a cada lado del eje del canal). Por su parte, el plan homólogo de Las Condes nunca precisó un ancho, aunque las construcciones en los terrenos ribereños al canal se adecuaron al mismo ancho que en La Reina.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo, en ejercicio de la potestad que le entrega la ley, emitió un plano interpretativo del PRMS, determinando que el ancho de la zona de afectación en Las Condes fuese el mismo que en La Reina. Sin embargo, la Contraloría ordenó a la Seremi dejar sin efecto ese plano, pues a su juicio en Las Condes el área de afectación sería ¡de 80 metros en lugar de 15!

La Contraloría tomó su insólita decisión en base a que la línea sobre el plano del PRMS tendría ese ancho, aplicada la escala… pero sin considerar que esa línea se trazó con plumón, a mano alzada, a gran escala y sin georreferencias. Pese al reclamo de la Seremi, la Contraloría se mantuvo firme en un dictamen, ¡dándole carácter retroactivo!

De esta forma, la lectura errada que un funcionario no especialista hizo de un plano de hace tres décadas significó para cientos de vecinos que, de la noche a la mañana, sus casas o departamentos estuviesen construidos sobre un área en que no debiesen estar; que si quisieran repararlos, la Dirección de Obras se los impediría; y que sus inmuebles se viesen inmediatamente devaluados, pues ningún banco otorgaría un crédito a un eventual comprador interesado en adquirirlos. Todo esto, pese a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes les permitió construir o les certificó que las viviendas que estaban adquiriendo estaban en regla.

Algunos de esos vecinos ejercieron un recurso de protección contra la Contraloría. Es importante lo que decida la justicia sobre el asunto, pues de rechazarse esos recursos se consolidarían los dictámenes, estableciéndose un peligroso precedente que podría afectar a miles de personas.

En efecto, tal como el parque del canal El Bollo que nunca se construyó, los instrumentos de planificación urbana están llenos de proyectos de ensanchamiento de calles, construcción de áreas verdes u otras obras públicas que nunca se llevaron a cabo. Si la justicia no deja sin efecto estos dictámenes, entonces este precedente podría aplicarse retroactivamente respecto de otras viviendas colindantes con esa clase de proyectos, por mucho tiempo que haya pasado desde que fueran adquiridas por sus actuales dueños.

Esta vez les tocó a vecinos de Las Condes. Mañana podría ser a los vecinos de San Pablo en el poniente de Santiago, cuyo corredor de locomoción colectiva se pospuso indefinidamente; o con los de cualquier otra comuna del país en que se contempló alguna obra que quizá nunca se lleve a cabo.

Roberto Cárcamo Tapia, abogado y académico de la Universidad Mayor.