“Mi mandato será dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos”, señaló el Presidente Boric hace una semana, a raíz de las comidas o chesse and wine que sostuvieron varios ministros de su gabinete en la casa del lobista Pablo Zalaquett, que conocimos por un reportaje de Ciper.
Dialogar y conversar son fundamentales en cualquier instancia de nuestras vidas, por lo que no puedo estar más de acuerdo con lo indicado por el Mandatario, en especial cuando ese diálogo es entre los sectores público y privado. Nuestro país lleva años enfrentando una serie de problemas y desafíos que solo se han acrecentado por la falta de diálogo de los distintos actores políticos. La crisis que vivimos en delincuencia, la postergada mejora a los fondos de pensiones, una solución a los problemas que enfrenta el sistema de salud son solo algunos de ellos. Por eso el Presidente Boric tiene tanta razón en lo que señala. El problema es que omite un “detalle”. Desde el 4 de marzo de 2014 este tipo de conversaciones están reguladas por ley, y se establece que las reuniones que sostengan algunas autoridades, en este caso los ministros de Estado, con personas naturales o jurídicas vinculadas a las áreas de sus carteras, deben quedar en un registro público, indicando los asistentes, la fecha y el motivo. Más transparencia a un Estado que necesita profundamente de esta atribución.
Dialogar hasta que duela… pero registrando cada una de esas conversaciones cuando los partícipes son entes llamados a ser regulados por uno de los asistentes, que es el regulador. Imposible más claro. La ley y el espíritu con que se legisló parecen indicar, en especial la omisión de los ministros Grau y Rojas, que es un nuevo error político, que solo han ido profundizando cada vez que intentan explicarlo. Porque más grave que el error inicial de no sincerar estas reuniones, según lo establecido en la ley, han sido las horas posteriores empleadas para poder justificar lo que parece injustificable, y los argumentos utilizados. A ojos de una ciudadanía cada día más desconfiada de la política, resulta inentendible una reunión de un ministro con empresarios que pueden verse afectados por la legislación, que justamente llevan ellos adelante sin tener los estándares de probidad y transparencia exigidos.
Este episodio viene a sumarse a los tantos golpes a aquellos discursos del pasado, de un grupo de jóvenes idealistas y soñadores que desafiaban la moral y la manera de hacer política, y que hoy en el poder no han sido capaces de cumplir el estándar que tanto prometieron. Además, constata el hecho que estamos en presencia de un gobierno con una incapacidad de establecer puentes, de otra forma no recurres a la modalidad de concurrir a la casa de quien ejerce la actividad de lobby. No corres ese riesgo si no es necesario.
En los próximos días sabremos la sanción de la Controlaría General de la República a las autoridades que omitieron la declaración, y es muy probable que el gobierno anuncie la típica solución para borrar este tipo de errores: Una ley que complemente la actual y establezca nuevos parámetros de regulación y nuevas exigencias. Podría ser útil, pero en este caso el sentido común indicaba cuál era el camino correcto, y claramente los ministros Grau y Rojas no lo tomaron. Dialogar hasta que duela y vaya que duele a veces.
Por Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno UDD
