La votación obtenida por el Rechazo el pasado 4 de septiembre propinó una derrota a una Convención que nunca entendió el mandato recibido, y enterró un texto lleno de excesos, alejado del sentido común y que nos ofreció un sistema político y social que prefirió hacer hincapié en los puntos que nos dividen más que en los que nos unen. Además, generó un terremoto muy profundo a un gobierno que equivocó su camino, y que en vez de gobernar y hacerse cargo de los problemas que aquejan a una parte importante de la ciudadanía, se convirtió en una especie de comando en las sombras de la opción Apruebo.
Una parte importante de la política leyó con anterioridad estos graves defectos y sus consecuencias, y entendiendo la importancia de entregar al país un nuevo pacto social, se comprometió a avanzar en una “buena y nueva Constitución”. Esto es fundamental para entender la votación del 4/S, porque tras ese resultado existe una mayoría ciudadana que persiste con la idea que el país requiere una nueva Constitución.
El dilema era determinar el camino para llegar a ella. Esa discusión se acabó el pasado lunes, cuando, finalmente, luego de más de 100 días de negociación, la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso establecieron las bases para avanzar en un nuevo proceso. Después de varios años en que la política solo nos entregaba motivos para alejarnos, nos sorprendía con un acuerdo a todas luces razonable y, por sobre todo, transversal.
Hay más razones para celebrar que para no hacerlo (usando en sentido inverso las palabras de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola). Más razones para estar tranquilo que para no estarlo. En primer lugar, recuperamos la certidumbre del futuro. Existe más claridad sobre lo que enfrentaremos los próximos meses. Y segundo, porque es un acuerdo que se hace cargo de los errores que tuvo la Convención Constitucional. No tropezaron con la misma piedra, como señaló el senador Edwards del Partido Republicano.
El nuevo proceso tendrá bordes que impedirán partir de una hoja en blanco, y un mecanismo que impida sobrepasarlos; el número de quienes escribirán el nuevo texto, y su plazo, son inmensamente más acotados; un sistema electoral probado que debiese entregar mayor moderación al proceso; y por último, un espacio muy relevante a expertos que prepararán los cimientos sobre los cuales se discutirán las bases de nuestro nuevo sistema político.
¿Éxito asegurado? Sin duda que no. Es muy seguro que el proceso enfrentará enormes desafíos. Aún faltan temas sobre los cuales es clave tener certezas: inhabilidades e incompatibilidades, y participación de la sociedad civil, por nombrar algunos. Y seguramente se enfrentará a los agoreros que ven en el statu quo una mejor opción. Por eso es tan relevante mantener un efecto secundario del acuerdo del lunes. Demostrar al país que pese a los intentos de cancelación y de funas, la política es capaz de avanzar en acuerdos en beneficio de un país saliendo de la trinchera de cada partido. Por cierto, un lugar mucho más cómodo para quienes los lideran. Algo de lo que fuimos testigos en el retorno de la democracia, cuando Jaime Guzmán acordó la presidencia del Senado para Gabriel Valdés o la profunda reforma al Estado en el gobierno de Ricardo Lagos. Se extrañaban estos esfuerzos.
Ahora corresponde que la reforma se tramite en el Congreso lo más rápido posible, sin espacios a torcer lo establecido, y que el gobierno se ponga al día y comience a hacerse cargo cuanto antes de las demandas sociales. El país lo necesita.
Por Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno U. del Desarrollo
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