Columna de Rodrigo Bustos, Director de Amnistía Internacional: Las protestas en Perú y Chile frente a frente

El 16 de febrero, Amnistía Internacional mostró los hallazgos preliminares de una investigación efectuada a raíz de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad con ocasión de las protestas masivas que se suceden en Perú desde diciembre de 2022. La muestra es desoladora tanto por el elevado número de personas fallecidas y lesionadas, como por la semejanza con el fenómeno represivo chileno tras el estallido social de octubre de 2019.

Tal como sucedió en Chile, el gobierno peruano ha enfrentado el descontento popular con un enfoque de restricción de derechos y en lugar de promover canales de diálogo, ha privilegiado el empleo de medios coercitivos en contra de todo tipo de manifestaciones, incluso con aquellas que se han desarrollado de forma pacífica.

De esta manera, la fuerza estatal no se emplea en Perú con la lógica de restablecer el orden para poder garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades, sino para castigar a quienes resultan incómodos. Este rumbo explica dos consecuencias: 1) que las personas más afectadas por la violencia estatal forman parte de la población indígena; y 2) que se haya empleado persistentemente armas y métodos que son totalmente inadecuados para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego letales y con armas menos letales empleadas de forma indiscriminada.

El paralelo con Chile, se advierte que en ambos países no se está cumpliendo con la exigencia de debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos. En Chile, a tres años del estallido, podemos dar cuenta de múltiples deficiencias en los procesos investigativos y tenemos un escenario de mucha impunidad, con solo un 0,1% de condenas. Amnistía Internacional constató en Perú, en esta etapa inicial, que las investigaciones penales llevadas a cabo hasta ahora han sido lentas, ineficientes y obstaculizadas por la policía.

El gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte sostiene, como se dijo en Chile en su momento, que desde un tiempo a la fecha las fuerzas de seguridad ya no están empleando armas letales y que colaborará con la justicia para castigar a quienes causaron la muerte a una cincuentena de personas y lesiones a un millar de manifestantes.

Estos compromisos gubernamentales no son consistentes con la realidad, ni con los estándares internacionales de derechos humanos. Por una parte, lo que ha generado un sinnúmero de víctimas es el método represivo impuesto por el gobierno y los responsables de sus consecuencias funestas son, consiguientemente, tanto los superiores que planificaron las operaciones, como las autoridades que conociendo o debiendo conocer las atrocidades que se cometían, no las impidieron. Por otra parte, no es una mera concesión del gobierno reconocer la facultad de las víctimas de acceder a la justicia y la reparación, sino que estos son derechos básicos reconocidos en el derecho internacional de derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional Chile lamentamos las analogías generadas entre la represión de la crisis social peruana y la del estallido chileno y hacemos un llamado al gobierno peruano a evitar la elusión de responsabilidades, determinando desde ya las funciones de toda la cadena de mando civil y uniformada involucrada en las denuncias de violaciones a los derechos humanos.