Columna de Rodrigo Castillo: Proyecto de Cuotas de ERNC y diseño de políticas Públicas

Recientemente el gobierno ha puesto urgencia al proyecto de Ley presentado originalmente por la administración anterior y que aumenta las actuales cuotas de ERNC, desde el 20% al 2025 a un 40% al 2030. Este proyecto de Ley, además, introduce dos elementos nuevos. El primero relativo a extender la obligación de penetración de energías limpias también a los horarios nocturnos y el segundo relativo al desarrollo de las energías distribuidas, aumentando el límite de las inyecciones para estos proyectos desde los 300 Kv de potencia a los 500 Kv.

Desde que comenzó a discutirse este proyecto, ha habido voces en una u otra dirección, apoyándolo, pero también manifestando reparos acerca no sólo de sus eventuales efectos adversos, sino también de su justificación en un país como el nuestro en que prácticamente la totalidad de los proyectos de generación en actual construcción o sujetos a evaluación ambiental, provienen de estas tecnologías.

Entre los reparos que se escuchan más frecuentemente hay dos sobre los que quisiera detenerme, ya sea para rebatirlos ya sea para plantear la compatibilidad de este proyecto de ley con hacerse cargo de temores que sí pueden resultar válidos y atendibles.

El primer reparo dice relación con que aumentar la penetración de energías renovables, en especial en horarios nocturnos, sin hacerse cargo de los problemas que ya está experimentando el sistema en términos de congestión de las redes de transmisión, desacople de precios y mayores vertimientos, sería un contra sentido. La respuesta obvia a esta objeción es que es evidente que con o sin este proyecto, para lograr las metas de descarbonización y tal como reconocen sus propios detractores, las ERNC deberán aumentar considerablemente su presencia en el sistema, por lo que estamos seguros de que las autoridades están igualmente trabajando en las medidas necesarias para hacerse cargo de estos desafíos. Este trabajo de las autoridades se manifiesta concretamente en el fuerte impulso al almacenamiento liderado por el Ministerio de Energía y los diversos proyectos de ley anunciados para fortalecer y agilizar la transmisión eléctrica. Estas medidas son las únicas que viabilizarán la transición energética en el largo plazo. Lo que sí debe reconocerse es que estas medidas de largo plazo deberán estar acompañadas, necesariamente, de otras de más urgencia, implementables hoy para responder a tiempo a las actuales contingencias.

El segundo reparo se refiere al efecto de la ley en los nuevos contratos, los que deberían cumplir con esta mayor exigencia una vez implementada la reforma con el peligro de aumentar costos incluso para las propias ERNC con contratos. Sobre este punto es bueno hacer un zoom, pues efectivamente, y mientras no sean solucionados los problemas que hoy redundan en vertimientos de ERNC muy por sobre los proyectados, sí sea necesario contemplar en la nueva norma algún tipo de “waiver” o “excepción” para aquellas empresas ERNC que no por su voluntad sino por instrucciones del CEN deban reducir sus aportes de inyecciones en energía limpia al sistema, pero que al tener ellas a su vez contratos con clientes, deban ir a retirar energía “no renovable” del sistema, en volúmenes tales que las dejen en el global por debajo de la cuota. En estos casos sí creemos que el proyecto de Ley, para ser coherente con su propósito de incentivar las ERNC, debería ser complementado con estas excepciones.

Como resumen, cuando se evalúa una política pública debe hacerse con cuidado, de manera omnicomprensiva y mirando todas las aristas del problema. Cuando se hace eso con el proyecto de Ley que eleva las cuotas de ERNC hasta un 40%, se puede concluir que el proyecto, aunque mejorable, va en la dirección correcta y merece ser apoyado.

* El autor es director del Magister en Regulación Económica, Universidad Adolfo Ibáñez