Finalizado el 2024, es justo hacer una reflexión acerca del escenario de la salud chilena. Tras el pasado anuncio de Fonasa al crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC); el ambiente está algo enrarecido y es que se observa una generalizada incertidumbre acerca de cómo impactará este sistema no solo en la calidad y oportunidad de la atención médica, sino también en la manera en que se relacionarán las y los médicos con las aseguradoras y los centros de salud y las condiciones en las que se podrá realizar la atención de pacientes.
Esta incertidumbre se explica por múltiples razones: un modelo rígido, con valores impuestos por Fonasa, sin espacio para discutir por calidad o implementación de tecnología en salud; una red cerrada de prestadores que deja poco margen a los centros de salud para la inversión en salud, al mismo tiempo que limita la posibilidad de elección de los pacientes comprometiendo la competencia por calidad; y un modelo que supone una participación más fuerte de compañías de seguro, que a su vez están reguladas por criterios financieros y de mercado, dejando la posibilidad que, una vez terminado el contrato, se seleccione por cambios en el estado de salud de los usuarios, con todo lo amplio que eso implica, sin capacidad de reclamo en entidades como la Superintendencia de Salud, ya que ésta no tendrá injerencia en el comportamiento de las compañías de seguros. Esto deja un flanco que hace difícil predecir el futuro de la salud privada, en general, dejando sobre la mesa una discusión ética acerca de la mirada de la salud como un servicio o un producto.
Desde la perspectiva médica, el nuevo modelo presentado por Fonasa obliga a determinar en cada centro de salud adscrito, en forma individual, las condiciones, insumos y valores con los que se podrá realizar un acto médico, ya sea un procedimiento ambulatorio o una gran cirugía. En este escenario, la organización médica local es clave para dar condiciones mínimas que garanticen la estabilidad laboral y la calidad de la atención, en este último aspecto hablamos desde las condiciones de la atención ambulatoria, hasta la tecnología de diagnóstico y resolución de enfermedades complejas como los cánceres o las enfermedades del sistema circulatorio o sistema nervioso, donde la actualización y renovación de la tecnología es clave para mantener los estándares de calidad.
Finalmente, y lo que es aún más grave, es que el sistema de salud público ya demostró su incapacidad para resolver las listas de espera para ciertas cirugías y procedimientos, abultando de paso las víctimas fallecidas por dichas demoras. Siendo Fonasa el principal prestador de salud para más del 80% de la población chilena, y la migración de pacientes que ya dejaron sus Isapres para pasar a Fonasa, expone un escenario aún más complejo en cuanto a la atención oportuna y de calidad de estas personas.
La medicina privada en Chile ha demostrado que puede ser un eficiente resolutor, descomprimiendo las necesidades del sistema de salud público. No obstante, aún observamos mucha desinformación en el mismo gremio médico, que no logra comprender la nueva ecuación. Solo con médicos informados y organizados en conjunto con los centros de salud, será posible garantizar mejores condiciones, que permitan sostener el sistema y mantener una medicina de calidad.
Mientras vemos un sector público colapsado que ya debió adelantar parte de su presupuesto 2025 para mantener operativos los hospitales, encaramos un nuevo año con más dudas que certezas. El modelo de salud se convierte así en un paciente que sigue en “cuidados intensivos” y que muchos esperamos que salga de esta agonía para planificar la salud chilena al mediano y largo plazo con la participación de todos los actores.
Por Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile
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