Hace algunas semanas atrás se dio un importante debate a propósito del informe que presentó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) –aprovecho de felicitar a su presidente por el reconocimiento al economista del año– para fortalecer las proyecciones de los ingresos fiscales, labor que realiza con esmero la Dipres. En el documento, el ente realizó además una serie de interesantes recomendaciones como, por ejemplo, “revisar y mejorar los modelos de proyección de ingresos fiscales para el corto y mediano plazo, abarcando ingresos mineros y no mineros”, y “documentar los procesos para promover transparencia y accesibilidad para analistas y académicos”.
A propósito de lo anterior, en lo más reciente, ha salido a la palestra la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias debido a la discusión que se está dando en torno a la reforma al sistema de pensiones; durante el 2024 esta ley, a través del mecanismo de repatriación de capitales, logró recaudar apenas un 15,6% de lo esperado. Esto pone algunas piedras en el camino, no sólo para la propuesta de reforma del sistema de pensiones, sino que también para otros proyectos de ley que necesitan financiamiento fiscal.
Así, vale la pena relevar, nuevamente, la importancia de contar con un organismo independiente y autónomo que sea capaz de evaluar y analizar los diferentes proyectos que se discuten en el Congreso. Una institución dotada de profesionales altamente calificados y ajenos al ciclo político, que analicen los diferentes proyectos de ley, que estimen los ingresos tributarios, y presenten análisis de sensibilidad, con el objetivo de que los parlamentarios puedan analizar información imparcial respecto de las distintas iniciativas. De hecho, así ocurre en EE.UU., donde la Congressional Budget Office (CBO) es la encargada de proyectar los ingresos federales, y analiza los posibles efectos de cambios en el sistema.
Contar con un organismo así es cada vez más necesario. Por ejemplo, respecto de la proyección de ingresos tributarios, no resulta muy estético que dicha proyección la haga el incumbente, es decir, la Dipres, puesto que hay un claro conflicto de intereses. Más aún, en caso de subestimar dichos ingresos, esto tiene consecuencias relevantes, ya sea reduciendo activos o aumentando deuda, lo cual, dicho sea de paso, nos sigue acercando peligrosamente al umbral del 45% del PIB que el CFA considera como prudente. Un daño colateral de esto es el gasto en intereses. En su exposición en el Senado por el proyecto de reforma de pensiones, el CFA destacó que el gasto por intereses pasó de representar un 0,6% del PIB en 2013, a un 1,1% del PIB en 2023; por su parte, la Dipres proyecta que en 2024 este gasto habría llegado a un 1,2% del PIB.
Así las cosas, contar con un organismo como el CBO ciertamente que nos permitiría robustecer nuestra institucionalidad fiscal, contar con modelos predictivos permanentemente actualizados, y asegurar la debida transparencia y accesibilidad a información clave de las finanzas públicas.
Por Rodrigo Montero, decano Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma
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