A propósito de la discusión que se ha suscitado en torno al proyecto de ley para un nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), ¡qué útil sería contar con una Oficina de Presupuesto para el Congreso Nacional al estilo de la existente en los Estados Unidos, la Congressional Budget Office (CBO)! La CBO proporciona información presupuestaria y económica de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso legislativo, en consecuencia, entrega a los congresistas información relevante y objetiva para apoyar su toma de decisiones. La CBO es imparcial, y lleva a cabo un análisis objetivo y neutro; más aún, contrata a sus colaboradores únicamente sobre la base de sus competencias profesionales, y sin tener en cuenta su afiliación política. Finalmente, la CBO no hace recomendaciones de políticas, es decir, se plantea desde lo objetivo, y cada informe que elabora y estimación de costos que realiza contiene la metodología empleada.
En la discusión que se ha generado en torno a la creación del FES, iniciativa que reemplaza el mecanismo de Crédito con Aval del Estado (CAE), muchos números y ejemplos han salido a la palestra. Más aún, en el contexto de esta iniciativa se han enarbolado objetivos tales como sacar a la banca del negocio y aumentar el acceso a la educación superior. Más allá de si se quiere o no tener a la banca en el modelo de financiamiento de la educación superior, lo relevante –a mi juicio– sería centrar la discusión en torno a los objetivos que queremos alcanzar y a los efectos que se producirán.
Así, surgen preguntas como ¿qué se quiere lograr con este proyecto de ley? ¿Qué deficiencias del actual modelo se corregirían eventualmente con la nueva iniciativa? ¿Cuál será el impacto en términos de los recursos financieros que existirán en el sistema, y que de una u otra manera terminarán afectando la calidad de la educación? Relacionado con lo anterior, ¿cómo impactaría esta política a la investigación que hacen hoy las Instituciones de Educación Superior (IES)? ¿Promoverá una mayor complejización de las universidades? Por otro lado, ¿cuántas personas más podrán acceder al sistema de educación superior como consecuencia de esta política? Y dado lo anterior, ¿cuáles serían los efectos en el mercado laboral en los siguientes años como consecuencia de este proyecto?
Todos estos elementos requieren de estimaciones objetivas –las que se sustentan en modelos, los cuales se apoyan a su vez en supuestos–, tendientes a objetivar la discusión, dejando de lado las trincheras ideológicas, para avanzar así hacia un modelo que permita un mejor y mayor acceso a la educación superior, salvaguardando la sostenibilidad financiera de las IES y, sobre todo, que tribute al crecimiento y desarrollo económico del país.
Por Rodrigo Montero, decano Facultad Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile
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