Columna de Rodrigo Montero y Mauricio Villena: ¿Qué debería hacer una Agencia para evaluar las Políticas Públicas?

El ejecutivo ha ingresado un cuarto proyecto de ley, en el contexto del “pacto fiscal”, consistente en la creación de una agencia para evaluar las políticas públicas y la productividad. Con ello buscan aumentar la transparencia, eficacia, calidad de servicio y probidad.

Esto no es nuevo: Michelle Bachelet lo propuso en su primer gobierno. Sebastián Piñera también incluyó la creación de dicha agencia en sus períodos presidenciales, destacando la autonomía e independencia en su mensaje presidencial de mayo de 2010. En 2011 y 2012, un estudio financiado por el BID ayudó a diseñar la estructura de la agencia, seguido por un proyecto de ley en 2013 y medidas para mejorar las prácticas regulatorias y la participación ciudadana.

¿Qué debería hacer esta agencia? Tendría que ser responsable de validar las decisiones de política pública con evidencia científica actualizada, asegurando su eficacia y eficiencia. Debería centrarse en incluir evaluaciones sistemáticas de políticas y programas gubernamentales, tanto antes como después de implementar, con metodologías participativas. Esta agencia actualizaría y sistematizaría la información sobre las prácticas efectivas a nivel global y nacional, facilitando revisiones exhaustivas de literatura para optimizar el diseño de programas estratégicos.

También debería fomentar el desarrollo de capacidades en ministerios y servicios para integrar mecanismos de monitoreo, incluyendo evaluaciones de impacto con grupos de control aleatorizados. Establecería un marco para diseñar y evaluar nuevos programas, comenzando con etapas piloto y escalando los más efectivos. Además, debería producir informes para el Congreso y la ciudadanía, manteniendo accesibles las bases de datos de evaluaciones para facilitar revisiones externas y aplicaciones metodológicas alternativas.

Un aspecto clave, dada la contingencia actual de estrechez fiscal, es que esta agencia ayude a eficientar el gasto fiscal. En particular, un aspecto que debe concitar preocupación se refiere a las consecuencias prácticas que tendrán los informes de esta agencia sobre los programas ya en funcionamiento. Es de conocimiento público que aun cuando la Dipres evalúa de manera desfavorable ciertos programas de la oferta pública, estos siguen funcionando. Puesto de otra forma, hay que evaluar con un propósito, y eso debe necesariamente implicar en algún momento el cierre de un determinado programa, para liberar recursos que tengan un mejor uso alternativo.

Si somos capaces de crear una agencia autónoma, con un elevado estándar técnico, dotada de profesionales calificados y experiencia en el área, lograremos robustecer la discusión pública, centrando ésta en aquellos elementos que guardan relación directa con los objetivos que las políticas públicas persiguen.

Por Rodrigo Montero, decano Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile, y Mauricio Villena, decano Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales