Ad portas de la Cuenta Pública presidencial, uno de los temas que más ha generado expectativa es respecto a si el gobierno se referirá a la propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En este marco, se ha debatido recientemente si el sólo anuncio del proyecto desincentiva el pago de esta deuda entre quienes se encuentran morosos. Sin restar importancia al efecto que puede provocar el sólo hecho de discutir sobre este sistema de financiamiento, o el tenor de los comentarios que pudiera suscitar, parece importante enfatizar en que poner en la palestra una política pública de estas características representa una oportunidad inmejorable para proponer soluciones.
El gobierno ratificó este domingo que los detalles de la iniciativa se conocerán en septiembre. Por lo tanto, queda tiempo suficiente para discutir ideas a través de un sano intercambio de opiniones, que beneficie no sólo a quienes estudian o han estudiado con este crédito, sino a las futuras generaciones y, por supuesto, al conjunto de nuestra sociedad. Resulta positivo participar en un debate democrático sobre la elaboración de política y discutir una propuesta sobre este tema aporta, desde ya, en ese sentido.
Ciertamente, debe reconocerse que el CAE fue una política situada en un contexto y que, probablemente, puede ser reconocida como uno de los factores que posibilitó el incremento en el acceso a la educación superior chilena. Sin embargo, también es relevante señalar que cualquier sistema que se sustente en el endeudamiento de una persona para poder estudiar no parece ser el mejor o, al menos, dista de lo que podríamos considerar como ideal. El compromiso que un estudiante adquiere con el Estado, que somos todas y todos, debe ser, en principio, con un futuro profesional al servicio de la construcción de un mejor país.
Uno de los mayores desafíos en el marco de la discusión del CAE es que el proyecto de gobierno que emane de este debate no sólo se oriente a solucionar una situación puntual, sino que apunte a una política pública de nivel estructural, que represente un alivio para la gran cantidad de personas afectas a este tipo de financiamiento y, también, que se sostenga y se proyecte durante los próximos años.
La propia ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló el fin de semana que lo que se está pensando hacer debe responder a un diseño responsable, justo, progresivo y autocontenido, con conciencia respecto al desafío de explorar otras alternativas de financiamiento a la educación superior. Al respecto, conviene observar con atención la experiencia internacional sobre este tema y analizar cómo adaptar los ejemplos que se extraigan, en la medida de lo posible, a la realidad nacional.
En campaña se habló de condonación, pero desde La Moneda el gobierno ha corregido el léxico, lo que permite abrir la discusión y afrontarla con una mayor profundidad. Necesitamos certezas y claridad, pero mientras esperamos la propuesta es fundamental debatir respecto del modelo de financiamiento a la demanda de la educación superior vigente en Chile, sobre todo, de las universidades del Estado, pensando en un modelo de financiamiento centrado en la amplia oferta que las universidades entregan a la sociedad, en circunstancias de su rol estratégico para el desarrollo del país.
Por Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago
