Desde ya más de una década se han estado aprobando -o se están por pasar- leyes que regulan inadecuadamente políticas públicas importantes. Buenos ejemplos son la ley corta de Isapres y la posible solución que se le daría al problema del crédito con aval del Estado (CAE).
Estos malos arreglos económico-sociales se generaron y generarán en gran parte porque el proceso de definición de las correspondientes políticas no ha sido, y en el corto plazo no será, el adecuado. Jan Tinbergen, el primer premio en ciencias económicas otorgado por el Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, conocido como el Premio Nobel en Economía, propuso un proceso óptimo para hacer política económica. Este se adoptó implícitamente en Chile bajo el régimen militar y en democracia a partir de 1990, durante dos o tres décadas, con los excelentes resultados conocidos.
La propuesta citada se basa en tres componentes: la definición de objetivos de política económica, un modelo en virtud del cual se puede formular una hipótesis sobre el origen del problema, y las políticas que habrá que adoptar para resolverlo.
Utilizando el ejemplo del CAE y con la sola finalidad de ilustrar el proceso, el objetivo podría ser permitir que personas meritorias de ingresos bajos y medios puedan acceder a la educación superior en el marco de una política económica que privilegia el crecimiento económico y la inclusión social. El modelo podría ser aquella del capital humano desarrollado por Gary Becker, otro premio Nobel, pero con parámetros pertinentes para nuestra economía. Y una buena política pública podría ser, por ejemplo, una de acceso a créditos blandos para las personas antes descritas, que cubran los costos de la matrícula y el ingreso no percibido por estudiar, con amortizaciones del crédito limitadas a una cierta proporción del ingreso.
Un proceso como el descrito le atribuye un rol preciso a los políticos y a los técnicos. A los políticos les corresponde definir los objetivos de cada política económica-social y los principios que han de guiarla, sujeto a las restricciones impuestas por el modelo (cuyas características los políticos mismos han impulsado). A los técnicos les corresponde entonces definir exactamente esas restricciones y proponer las características técnicas de las políticas públicas correspondientes.
Últimamente han fallado en Chile los políticos en el rol que les cabe en el proceso de elaboración de las políticas públicas y no se les ha otorgado a los técnicos el papel que les corresponde. Una clase política dividida, posiblemente como consecuencia de un sistema electoral inadecuado, ha definido directamente las políticas públicas, ignorando a menudo los consejos de los técnicos de sus propios sectores. No es de extrañar que, tratando de hacer caballos, han hecho camellos.
Por Rolf Lüders, economista
