Han pasado casi dos semanas desde el plebiscito constitucional y aún no hay un diagnóstico generalmente aceptado de sus sorpresivos resultados. Existe, eso sí, consenso en que estos se explican multifactorialmente, incluyendo por cierto la asociación de la propuesta con un gobierno mal evaluado, por un complejo y en parte escandaloso proceso constitucional, y por un fuerte rechazo a un buen número de las principales disposiciones del borrador.
Si bien una nueva Constitución fue la salida institucional a la crisis generada por el estallido social, la gestación de la propuesta de la Convención estuvo acompañada de gran incertidumbre y acaparó la atención de la ciudadanía durante el último tiempo. La incertidumbre repercutió -neta del efecto pandemia- en niveles relativamente bajos de inversión y crecimiento. Y el proceso constitucional se tradujo -en la práctica- en la postergación de las medidas necesarias para que el país pueda volver a crecer y así, eventualmente, satisfacer las demandas sociales que, por supuesto, subsisten.
En este contexto, la división del trabajo propuesta inicialmente por el gobierno es razonable. El Poder Ejecutivo se abocaría a proponer al Poder Legislativo las reformas que estime necesarias -aprobables por el Congreso- para ir dando solución a los graves problemas que enfrenta el país, entre otros, en materia de orden y seguridad, economía y servicios sociales.
En el entretanto el Poder Legislativo, además de realizar su labor normal, se encargaría de organizar y encauzar la continuidad del proceso constitucional de tal modo que, en un nuevo plebiscito de salida, esta segunda propuesta sea aprobada por una aplastante mayoría.
En este escenario se barajan muchos aspectos relacionados con los órganos que le darán continuidad al proceso constitucional. Entre estas características destaca el rol de los expertos. ¿Deben participar? La respuesta es un fuerte sí. ¿Deben ser parte de una convención o consejo electo? Probablemente no. Al respecto, una interesante propuesta consiste en la creación de un comité transversal de expertos nombrados por el Congreso que le presente al consejo o a la convención -electa popularmente- los lineamientos básicos de una nueva moción que nos cobije a todos, para luego acompañar a este último órgano como cuerpo consultor.
No solamente podemos, sino que debemos, caminar y comer chicle al mismo tiempo. No es en absoluto necesario esperar una nueva Constitución para empezar a implementar aquellas medidas que resuelvan los problemas más angustiantes de la población. Y paralelamente un grupo más bien reducido de constituyentes electos debiera -sin prisa, pero también sin pausa- hacer silenciosamente su pega, técnicamente asesorados, sin pretensiones refundacionales y escuchando a la opinión pública.
