En estos días se ha destacado en las noticias locales el impacto fiscal de la condonación del CAE y aquél del subsidio al transporte urbano. El primero, según estimaciones de Horizontal (La Tercera del 4.12.2023), sería del orden de unos US$11 mil millones y el segundo se estima que tendrá -solo en 2024- un costo de unos mil millones de dólares. ¿Se imagina Ud. lo que se podría hacer con parte de estos recursos para, por ejemplo, impulsar el crecimiento económico?
En principio, ambos programas tienen su justificativo. El Crédito con Aval del Estado (CAE) nació en 2005, siendo Presidente de la República Ricardo Lagos, con el objetivo de permitir a todos los buenos alumnos acceder a estudios superiores. En efecto, el alumno recibe, para pagar su matrícula, un crédito bancario a una tasa de interés baja, que debe devolver sujeto a que el monto a pagar anualmente no exceda al 10 por ciento de sus ingresos. Si a los 15 años de egreso todavía queda un remanente a enterar, este se condona. Es decir, el alumno que -beneficiado materialmente por los estudios superiores- sirve el crédito, hace posible el financiamiento de un nuevo crédito para otro alumno. Esta política es, en principio, justa y eficiente. También lo es el subsidio al transporte público, dado que -entre otras cosas- éste reduce la congestión y los efectos medioambientales negativos del traslado.
Es posible discrepar de las mencionadas políticas públicas aplicadas en Chile por motivos ideológicos (hay aquellos que postulan -sin lógica económica- que la educación superior y el transporte público deben ser gratuitos), o por aspectos técnicos de diseño (hay aquellos que difieren -entre otras cosas- del nivel de la tasa de interés en el CAE, del número de buses y de sus recorridos, y/o del monto del subsidio al transporte).
En esta columna no me deseo referir a las disputas anteriores, sino al hecho que un porcentaje -ahora ya mayoritario- de los beneficiados con el CAE no sirven sus créditos y la evasión en el sistema de buses de Santiago es del 40 por ciento.
Existen explicaciones para esta evasión masiva. Entre otras, en el caso del CAE, es la falta de incentivos y medios de la banca comercial para cobrar los créditos y la promesa oficial de una condonación al menos parcial de esos créditos, y en el caso del transporte, lo es la pésima implementación del Transantiago y sus consecuencias.
Tal como operan en la práctica estos dos esquemas -el CAE y el subsidio al transporte público-, por sus elevados e indeseables niveles de evasión, inducen en la población un comportamiento moral nefasto y a nivel país una asignación de recursos ineficiente. Si en verdad deseamos desarrollarnos, debemos hacer las cosas bien, lo que incluye asegurarnos de que los ciudadanos cumplan estrictamente con los compromisos de pago.
Por Rolf Lüders, economista
