El gobierno definió recientemente una estrategia para la explotación de las reservas de litio. La finalidad última es que este mineral contribuya al máximo posible al bienestar de la población chilena. Esto se lograría -entre otras cosas- si el Estado toma el control de las empresas explotadoras del litio.
Dicha estrategia, que daré por conocida, tiene un fuerte sabor a las políticas de desarrollo basadas en la noción de un Estado benefactor, que se implementaron durante gran parte del siglo pasado. No se consideró entonces y tampoco ahora en Chile que -como lo resalta de Teoría de las Decisiones Públicas- los gobiernos los manejan personas de huesos y carne, que tienen sus propios intereses, que no necesariamente coinciden con aquellos de la población.
Por la evidente ineficiencia de la acción empresarial estatal, a partir de los años 80, aproximadamente, muchos países cambiaron de estrategia de desarrollo y la basaron en la acción privada en el marco de mercados competitivos, regulados por el Estado.
Recientemente, Mariana Mazzucato ha liderado un movimiento, por el momento de escasa influencia real, para que el Estado -esta vez en asociación con empresas privadas- vuelva a jugar un rol empresario. Este rol se basa en parte en la noción de que las empresas privadas tienden a subinvertir en innovación. Es muy probable que la estrategia del litio propuesta por el Ejecutivo esté influenciada por las propuestas de Mazzucato.
Pues bien, las empresas mixtas propuestas tienden a ser incluso menos eficientes que las estatales, porque -en caso de necesidad- los socios privados logran con cierta facilidad que el Estado -a petición de los representantes del sector público en el directorio de las empresas- las rescate. Es decir, estas empresas mixtas enfrentan una restricción presupuestaria aún más débil que aquellas cien por ciento estatales.
En consecuencia, lo sensato es seguir aplicando, como se ha tendido a hacer hasta ahora en Chile, las mejores prácticas internacionales. Se trata, dado que habrá un número relativamente importante de competidores a nivel internacional, que la explotación y la exploración del litio chileno sean realizadas por empresas privadas nacionales y/o extranjeras.
El Estado, por su parte, tendrá la importante tarea de extraerle, en lo posible, toda la renta al negocio. Lo podrá hacer mediante la tributación sobre los ingresos de las empresas que operan en el sector. Pero también como consecuencia de la venta, arriendo, o cualquier otra modalidad de uso de nuestras reservas. También tendrá que tomar las medidas necesarias para velar por nuestra independencia geopolítica y para que la explotación del litio se realice minimizando sus consecuencias negativas sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones indígenas pertinentes.
Por Rolf Lüders, economista
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