Una condición necesaria para lograr crecer económicamente en forma significativa es consensuar las bases de nuestro sistema económico y social. En aquellos períodos históricos en que hemos logrado lo último -en buena parte del siglo XIX y durante los famosos 30 años-, el país creció a tasas relativamente altas. En cambio, desde hace más de una década, y en medio de un grado de polarización política importante, estamos experimentando tasas de crecimiento paupérrimas. La correspondiente incertidumbre institucional es quizás el principal motivo de nuestras actuales bajas tasas de inversión. Y sin inversión no hay crecimiento, y sin este no hay desarrollo.
Muchas voces concuerdan con ese diagnóstico y postulan que para lograr el deseado acuerdo es necesario reformar el sistema electoral de tal modo que los resultados del proceso reflejen las preferencias del votante mediano, que, casi por definición, es moderado.
El objetivo tiene que ser propender a la intervención estatal cuando ella es costo-efectiva, es decir, que el Estado intervenga en la economía solo cuando los costos de tal intervención sean menores que aquellos de la falla de mercado que se desea corregir. Este objetivo se puede lograr, en la práctica, ya sea aplicando el principio de subsidiaridad (bien entendido y no caricaturizado como anarcocapitalismo), o basándonos en los principios económicos sociales de las actuales socialdemocracias europeas. He allí la posibilidad de alcanzar acuerdos.
El problema que tenemos actualmente se ilustra con nuestro sistema de pensiones, que es una de las víctimas de la polarización política existente. Caricaturizando, para algunos, el actual régimen de capitalización, basado en el funcionamiento de los mercados, es el adecuado y lo único que corresponde hacer -para mejorar el monto de las pensiones- es corregir varios de sus parámetros, entre ellos, la tasa de cotización. Para otros, el actual sistema no es solidario y solo beneficia a las AFP, y lo que corresponde hacer es transformarlo radicalmente a uno de reparto, en que el Estado juegue un rol protagónico. Curiosamente, son muy pocos -de ambos bandos- los que sugieren modificar las edades de jubilación para reflejar el cambio demográfico, a pesar de que hacerlo más adelante será inevitable y aún más difícil.
La reforma de las pensiones ha estado en el tapete hace varios lustros, sin que haya sido posible aún consensuar una reforma. Esto, sin duda, ha afectado -por la vía de la incertidumbre institucional- al rol del sistema de pensiones en la captación de ahorros y en la operación del mercado de capitales. Ejemplos parecidos se encuentran en prácticamente todos los sectores de nuestro sistema económico social y explican en buena parte nuestra baja tasa de inversión y crecimiento.
Por Rolf Lüders, economista
