Esta semana el gobierno presentó el Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar. En estricto rigor, se trata de una propuesta, que se origina por el rechazo en el Congreso de un proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo y por las numerosas conversaciones que tuviera la autoridad con representantes de diversos grupos, entre ellos laborales y empresariales. El resultado es una proposición que abarca una amplia gama de materias. Tanto así, que tiene más bien el carácter de un nuevo programa económico y social del gobierno, que el de un conjunto de medidas de carácter estrictamente fiscales.
Implícito en la propuesta hay un tránsito hacia una sociedad del bienestar a la europea. Atrás parecen haber quedado -afortunadamente- los intentos de enterrar la economía social de mercado que tenemos en Chile. Ahora se privilegian medidas para, por un lado, incentivar la inversión y el crecimiento en el marco de una economía de mercado, y por el otro, perfeccionar y ampliar una amplia gama de programas sociales.
El Pacto incluye una gran cantidad de medidas económicas positivas. Me refiero entre ellas a las que reformarían el Estado -para aumentar su eficiencia y eliminar los programas estatales mal evaluados-, las que fortalecerían la fiscalización tributaria, y las que proponen incentivos para que las empresas aumenten su productividad. Mención especial, por su importancia, son aquellas que pretenden rebajar la informalidad. Bien diseñadas e implementadas, las medidas citadas pueden contribuir a darle un significativo impulso a la inversión y al crecimiento económico.
En materia tributaria el programa solo esboza su reforma. No habría tributación al patrimonio y tampoco se aumentaría el impuesto de primera categoría. Es más, las Pymes tendrían un esquema de depreciación acelerada que las favorece mucho. Sin embargo, las personas de altos ingresos -los últimos definidos como superiores a los 4 millones de pesos mensuales- estarían afectas a mayores tasas de tributación que las actuales. La parte tributaria de la propuesta es probablemente la más pobre y, entre otras cosas, no es coherente con las prácticas en las sociedades de bienestar que el programa propuesto pretende emular.
La propuesta es pues de dulce y de agraz. Si la balanza se inclina a uno u otro lado dependerá crucialmente de las características definitivas de la reforma tributaria y de que las otras medidas propuestas no se queden en buenas intenciones, como sucede muy a menudo, sino que ellas se diseñen bien y que -para dar certezas- se adopten oportunamente. Para lo último el gobierno piensa desarrollar un estricto sistema de monitoreo en que -quizás reflejando la conciencia que el propio Ejecutivo tiene de su falta de credibilidad- participarían organismos internacionales.
Por Rolf Lüders, economista
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.