Por Rolf Lüders, economista
El monto de las pensiones en Chile, como porcentaje de los ingresos laborales, es considerado inaceptablemente bajo. Ello se traduce en que un gran y creciente número de hogares se ven forzados a contribuir a los gastos de sus familiares mayores de edad, lo que para muchos es socialmente injusto. El problema se ha estado agudizando porque las expectativas de vida en Chile han estado aumentando, superando ya ligeramente aquellas de los EE.UU., por ejemplo.
En efecto, según el INE (2022) -si en 1992 tuvimos un 9,5 por ciento de la población mayor de 60 años- hacia 2050 esta será de 32,1 por ciento. Con ello, la actual ya elevada tasa de dependencia de la vejez, se elevará aún mucho más de lo que ya está.
Al mencionado hecho demográfico hay que agregar los problemas de la informalidad y de las así llamadas lagunas o discontinuidades previsionales, que se traducen en que un alto número de trabajadores simplemente no impone o no lo hacen por temporadas más o menos largas. En este sentido, mientras mayores sean las imposiciones, mayores serán los incentivos para no contribuir. Este incentivo está presente no importando el sistema de pensiones adoptado, de reparto o de capitalización, pero -claro está- es mucho mayor bajo el primero.
En este contexto, el gobierno propondrá pronto un nuevo proyecto de reforma del sistema de pensiones en Chile. De acuerdo al mismo, por lo que ha trascendido, la solución al problema de las bajas pensiones descansaría principalmente en un aumento de las cotizaciones y en que éstas tengan el carácter de reparto. Y eso son malas noticias.
Por un lado, bajo el sistema de reparto las cotizaciones tienen el efecto de un impuesto al trabajo, con un costo social que tenderá a aumentar en progresión geométrica con la tasa de imposición, incrementando la informalidad y las lagunas.
Por el otro lado, una buena parte del aumento de la tasa de imposición para pensiones se requiere para compensar el aumento de las expectativas de vida. Esto ha estado acompañado de un aumento en la capacidad de trabajo de los adultos mayores, que debiera reflejarse en la edad de jubilación legal y no lo hace. En ese mismo sentido tampoco se justifica ya que las mujeres tengan una edad de jubilación distinta a la de los hombres. Por ejemplo, en Suiza acaban de aumentar esa edad a 65 años para las mujeres.
Es decir, al diseñar la reforma al sistema de pensiones se debiera considerar -entre otras cosas- un aumento gradual de la edad de jubilación -incluyendo la posibilidad de igualar aquella de hombres y mujeres. El hacerlo no es más que reconocer la realidad: las personas en edad de trabajar no van a poder o no van a estar dispuestas a financiar los gastos de jubilación de una población mayor cada vez más capacitada para trabajar.
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