El día de la última elección presidencial, Gabriel Boric reiteró su compromiso con la condonación de las deudas del CAE. De las propuestas realizadas esa tarde por el presidente electo, esa fue -por lejos, creo recordar- la más aplaudida. Se está tramitando ahora en el Parlamento el proyecto que pretende hacer realidad tal promesa y que propone un nuevo esquema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
Pues bien, el objetivo -ampliamente compartido por la población- tanto del modelo actual, en que el CAE juega un rol importante, como del FES, es que ninguna persona se vea impedida de recibir educación superior por motivos económicos.
Actualmente se está tratando de lograr dicho fin por intermedio de un sistema en que existe gratuidad, financiada por el Estado, y un crédito. La educación gratuita es ofrecida por más de 60 instituciones de educación superior -incluyendo las universidades de Chile y Católica- a aquellos estudiantes que provengan de hogares de los primeros seis deciles de ingreso. El resto del alumnado tiene acceso al CAE, que es un crédito en Unidades de Fomento, otorgado en condiciones muy favorables (2% interés, cuotas razonables, número máximo de años de servicio de la deuda).
El FES, en cambio, ofrecería absoluta gratuidad a los estudiantes provenientes de hogares pertenecientes a los primeros 9 deciles de ingreso, matriculados en instituciones educacionales que adhieran al esquema. Además, prohibiría el copago. No obstante, los egresados de la educación superior que opten por la gratuidad y que tengan ingresos mensuales superiores a unos $500.000, estarían afectos a un tributo de hasta un 8% de sus ingresos, también con un límite de años. O sea, la gratuidad en el FES no sería absoluta.
El FES adolece de varios e invalidantes problemas. ¿Tiene el Estado la capacidad de financiar la transición del CAE al nuevo esquema? ¿No tenderá por ello el Estado a reducir sus aportes a las instituciones de educación superior? Y, ¿podrán aquellas de estas que adhieran al esquema, afectadas por los aportes estatales posiblemente menguados y sin poder acudir a copagos, mantener los actuales estándares de calidad de la docencia y de la investigación?
No obstante lo anterior, el principal defecto del FES no es ni económico ni financiero, sino que es su posible efecto sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. En la actualidad, como no hay matricula fijada, el sistema genera un alto grado de competencia, permite a todos los estudiantes capacitados acceder a estudios superiores, y virtualmente asegura la autonomía universitaria. En cambio, con el FES las instituciones de educación superior pasarían a depender en un altísimo grado del financiamiento estatal y por ende estarían sujetas a perder sus autonomías.
Por Rolf Lüders, economista
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