Se acaba de aprobar una reforma mayor al sistema de pensiones. La tasa de reemplazo de las pensiones era considerada baja y ya se habían constituido dos comisiones -encabezadas por Mario Marcel en 2006 y por David Bravo en 2015- encargadas de proponer reformas, pero ninguno de esos intentos fructificó. La tercera tentativa -la actual- ha sido entonces la vencida.
El (bajo) nivel de las pensiones en Chile se explica principalmente porque no se actualizaron oportunamente varios parámetros del modelo vigente, con la finalidad de hacerse cargo del mayor aumento que el esperado en las remuneraciones, en las lagunas previsionales, y en las expectativas de vida. Además, existió cierta presión para modificar radicalmente el sistema de pensiones, desde uno de capitalización a uno de reparto.
En definitiva, el sistema de pensiones implícito en la reforma aprobada sigue siendo fundamentalmente uno de capitalización. Eso sí, con la reforma se aumentan muy sustancialmente las tasas de cotización, fondos que se asignarán gradualmente a las cuentas individuales.
No obstante, para financiar el aumento de las pensiones de los actuales jubilados, se normó un préstamo obligatorio de los trabajadores al Fisco. El préstamo es en realidad un impuesto y tiene los correspondientes efectos, pero es una forma de evitar que los recursos recolectados se contabilicen como parte de la deuda del Fisco. Lo que no se puede evitar es el efecto negativo que tienen esas últimas cotizaciones -aquellas asociadas al préstamo- sobre el empleo. En efecto, este impuesto va a recaer casi completamente sobre los trabajadores en la forma de menos empleo y menores salarios netos. Y en la práctica los inversionistas agregarán -para efectos de evaluar los riesgos de sus inversiones en Chile- el préstamo acá comentado a la deuda oficial del gobierno.
La reforma también institucionalizó una serie de mecanismos orientados a aumentar la cantidad de -y la competencia entre- los inversores (hoy las AFP) y los administradores del sistema de pensiones, lo que -en principio- puede llegar a ser un hecho positivo.
Finalmente, considerando la magnitud y la velocidad del cambio demográfico, es curioso que no se haya ni siquiera considerado aumentar la edad y/o los años de imposiciones. Aun en un sistema de capitalización llega un momento -y nosotros lo alcanzaremos con toda seguridad con la reforma de ahora- en que las imposiciones pasan a ser un impuesto sobre el trabajo formal, con todos sus efectos negativos.
Si bien la reforma del sistema de pensiones aprobada tiene mucho de un camello, es decir, de un caballo diseñado por un comité, es un primer -e importante- paso para volver a tener un sistema de pensiones eficiente. Ya tendrá el país la posibilidad de perfeccionar aquél que acaba de adoptar.
Por Rolf Lüders, economista
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