Esta es mi primera columna del año y corresponde mirar hacia adelante. Lo deseo hacer con una visión de mediano y largo plazo. La coyuntura económica es negativa y lo seguirá siendo al menos por unos dos trimestres más. Además, estamos ad portas de una posible recesión en los EE.UU., que esperamos sea suave, pero que nos afectará.
Chile dejó de crecer a tasas elevadas hace ya más de una década, cuando se estancó la inversión. Ese fenómeno coincidió con el cambio de signo del Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la Universidad del Desarrollo que, de una tendencia más bien optimista, pasó a una generalmente pesimista. Y la confianza empresarial es absolutamente clave para la inversión y esta última para el crecimiento.
El actual pesimismo se explica en buena parte porque tenemos un gobierno cuyo programa incluye explícitamente la sustitución del así llamado modelo chileno -que es tildado como neoliberal- por uno mucho más estatista y proteccionista, que ha fracasado en todas partes, incluyendo en Chile en el pasado. Al respecto es interesante resaltar que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre no cambió un ápice la tendencia de una ya muy elevada desconfianza empresarial.
En este ambiente, y de acuerdo a los resultados de la reciente encuesta del CEP, más de un 60 por ciento de la población calificó la actual situación económica como mala y muy mala. Este estado no va a cambiar a menos que, entre otras cosas, se restaure la confianza empresarial, se aumente significativamente la tasa de inversión (y junto con ello la innovación tecnológica) y la economía vuelva a crecer a tasas relativamente elevadas.
Lo último obviamente no va a suceder como producto de medidas meramente paliativas y redistributivas como las anunciadas ayer, sino que requiere la (re)definición creíble -subrayo lo creíble- de nuestro sistema económico y social. Quizás baste con un amplio acuerdo político, como aquel que se logró en materia constitucional, que fije los bordes de un sistema socio-económico para Chile y que luego se plasme en alguna disposición legal. Estos límites deben ser lo suficientemente acotados para restaurar la confianza empresarial y para lograr incentivar la inversión, al mismo tiempo que holgados necesarios para permitir políticas públicas de diverso sello, acorde con las circunstancias y las preferencias políticas.
Un esquema así -coherente con las preferencias ciudadanas posibles de inferir de los resultados de la encuesta del CEP- debiera permitir tanto la existencia de un régimen socioeconómico de libre mercado, como el actualmente existente en Chile, como otro, también de mercado y abierto al comercio y financiamiento internacional, basado en políticas más parecidas a las socialdemócratas actualmente en boga en los países europeos.
Por Rolf Lüders, economista
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