Si hay algo que caracteriza al borrador de la nueva Constitución, es su carácter estatista. De acuerdo a su espíritu, el Estado no solamente debe jugar un rol en el ordenamiento de las instituciones públicas y en la provisión de bienes del mismo carácter, sino también en el financiamiento y la producción de bienes privados de la más diversa índole, incluyendo los servicios sociales. Esto no solamente atenta en contra de las libertades individuales, sino que también repercute significativa y negativamente en el crecimiento económico y en la posibilidad de que los numerosos derechos sociales que consagra dicho borrador se hagan realidad.
El Estado es probablemente irreemplazable en tareas de seguridad nacional, orden interno, justicia, manejo macroeconómico y financiamiento de derechos sociales. Recuérdese que un bien tiene carácter privado si hay (1) rivalidad en el consumo (si A consume más, B debe consumir menos) y (2) exclusión (se puede evitar fácilmente que alguien lo consuma si no lo paga, por ejemplo). Estas características tienden a generar -bajo condiciones competitivas- una oferta privada socialmente óptima. Los bienes públicos, en cambio, son aquellos en que no hay rivalidad y posibilidades de exclusión, por lo que la oferta privada de esos bienes va a tender a ser (muy) sub-óptima y -en principio- le cabe al Estado un rol en su oferta.
El problema es que la labor del Estado es costosa e ineficiente. Es costosa, porque debe financiarse con tributos, que generan un costo social que tiende a aumentar en progresión geométrica con el nivel de las tasas de impuesto. Es ineficiente, porque -como nos lo ilustran las teorías del principal-agente y de las decisiones públicas- los funcionarios públicos tienden a privilegiar en algún grado sus propios fines, en vez de aquellos sociales. En el sector privado, en cambio, con competencia, se tienden a alinear los intereses de los agentes con aquellos de la sociedad. Se trata de la famosa mano invisible de Adam Smith.
Por lo anterior, y porque lo experimentamos a diario, el Estado empresario -implícito en el espíritu del borrador de la nueva Constitución- es indeseable. El Estado, que tiene una capacidad limitada de gestión, debiera -en materia de producción de bienes y servicios privados, incluyendo en el caso servicios como la educación, la salud, la vivienda social y las pensiones- fomentar, en vez de reprimir, la expansión de la provisión privada competitiva. Ello implica -en el caso de una continuidad del proceso constitucional posterior al 4 de septiembre- no recoger las correspondientes normativas del actual borrador y además someter a las empresas públicas a una restricción presupuestaria dura (si no se financian solas van a la quiebra), similar a la existentes en las empresas privadas.
