Por Rolf Lüders, economista
En estos días una columnista local sostuvo que la nueva Constitución nos estaría colocando a las puertas del infierno y una periodista extranjera agregó que la misma implicaba un suicidio. Al respecto, es innegable que el proyecto de nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional (CC) no cumplirá con su objetivo central, cual es el de restablecer la paz social. Sin embargo, el proceso correspondiente que estamos viviendo ha permitido -respetando la institucionalidad vigente- descomprimir parcialmente el ambiente político. Y es muy probable que después del plebiscito de salida, que dejará en evidencia que la propuesta de nueva Constitución no es precisamente la casa de todos, el proceso antes mencionado continúe.
En materia económico-social no cabe la menor duda a la luz de la experiencia comparada que las disposiciones de la nueva Constitución, de aprobarse, se traducirán en menores tasas de crecimiento económico y, como consecuencia, en menores remuneraciones, en mayor pobreza, y en menores beneficios sociales que los posibles. Estos últimos servicios dependen esencialmente de los recursos que genere la economía para ello y de la calidad de las políticas públicas, y no de lo que diga la Constitución al respecto. Lo anterior no implica que no sean deseables importantes reformas a la actual Constitución, incluyendo en materia económico-social, pero el camino escogido para ello por la CC ha sido, en muchos ámbitos, el equivocado.
El principal problema del proyecto de nueva Constitución es el sistema político. Este es el que determinará -entre otras- la institucionalidad socio-económica. Son sus disposiciones que en buena medida definirán si se mantiene o se perfecciona la democracia que tenemos o si, por el contrario, evolucionamos hacia otros esquemas de gobierno (populismo, autoritarismo, totalitarismo). Desafortunadamente, el sistema político bicameral asimétrico propuesto por la CC tiene un sesgo a favor de que se instale eventualmente en el país alguno de los últimos regímenes nombrados, ninguno de los cuales es funcional al desarrollo económico-social. Este rumbo es más probable en la medida que persista el sistema electoral actual, que por su tendencia a fraccionar al Parlamento, dificulta enormemente el buen gobernar.
La esperanza de evitar un infierno en, o un suicidio de, Chile, reside entonces en la probabilidad de que después del 4 de septiembre el proceso ordenado de cambio institucional iniciado por los trabajos de la CC persista, pero entonces a nivel del Parlamento. Esto será así, porque el plebiscito dejará en evidencia el descontento de la población con la tarea realizada por la CC. Es más, por el mismo motivo el proceso de reformas tendrá entonces un marcado rumbo cejador, sesgo que se dará si gana el Apruebo o el Rechazo.
