No cabe la menor duda que el país ha estado -para todos los efectos prácticos- estancado económicamente. Tanto así, que el gobierno creó el Gabinete del Crecimiento para coordinar los esfuerzos oficiales orientados a reactivar la alicaída economía local. También es evidente que -comparado con los países desarrollados- las remuneraciones en Chile aún son bajas. Aumentarlas significativamente por la vía del crecimiento -que es probablemente la mejor manera de lograrlo- será paulatino y tardará algunos lustros.
Es en ese contexto en que la ministra del Trabajo y Previsión Social le pidió a los empresarios que mejoren los sueldos y las condiciones laborales, insinuando que ellos -los propietarios- tienen las holguras suficientes para hacerlo. La impaciencia de la ministra Jara es comprensible, pero su propuesta es en extremo voluntarista y no tiene posibilidad de implementación alguna. Es más, de adoptarse, tendría como consecuencia más probable un aumento del desempleo y/o de la informalidad, acompañada de una reducción de los ingresos promedio de los trabajadores.
No obstante, vale la pena detenerse en analizar esta propuesta, porque refleja uno de los problemas que tiene el actual gobierno para crear un clima propicio para el crecimiento.
En efecto, en una economía de mercado, como la nuestra, las remuneraciones se determinan por la oferta y demanda en dos mercados laborales interrelacionados, uno formal y el otro informal. Es cierto que se trata de mercados distintos a, por ejemplo, aquellos de las papas o el trigo. No obstante, ambos mercados laborales determinan -en la práctica- razonablemente bien los niveles de salarios eficientes para todo tipo de trabajos. Es más, la demanda por trabajo en cada uno de esos mercados -y por ende los salarios- tenderán a estar determinados por el valor de la productividad marginal del trabajo. Esto se traduce en que las empresas que paguen salarios mayores a los determinados en cada uno de esos dos mercados laborales tenderán a desaparecer, por tener costos superiores a los de la competencia, lo que es suicida.
La propuesta o adopción por parte del gobierno actual de medidas de política económica voluntaristas, como aquella que comentamos en los párrafos previos, son una característica de esta administración. Sus planteamientos de política pública tienden a no ser coherentes con los fines que se postulan, lo que genera desconfianza e incertidumbre. En este ambiente, pretender, por ejemplo, que la reducción de las horas de trabajo semanales, la introducción de un sistema de reparto en el esquema de financiamiento de las pensiones, y nuevos tributos sobre la renta, no estén afectando, o no van a afectar, negativamente la tasa de crecimiento de la economía, y por ende el nivel de las remuneraciones, es pura ilusión.
Por Rolf Lüders, economista
