La campaña del Apruebo ha resaltado en el proceso plebiscitario los derechos sociales (educación, pensiones, salud, y vivienda). Sin explicitarlo, ha sugerido que -de aprobarse el borrador de nueva Constitución- estos servicios pasarán a ser de índole similar a los buenos actualmente ofrecidos en el sector privado. Tal campaña ignora -convenientemente- referirse a las fuentes de financiamiento de esos derechos. Según Betancor, Larraín, Martínez, Ugarte, Valdés y Vergara (2022), ellos demandarán anualmente recursos estimados, en promedio, en un 6,64 por ciento del PIB. Este monto es de tal magnitud que -para todos los efectos prácticos- no se podrán recabar para cumplir con las promesas descritas en el párrafo anterior.
En efecto, sabemos que nuevos gastos permanentes deben financiarse con recursos adicionales, también permanentes. Sabemos que liberar recursos mediante una reforma del Estado es políticamente muy difícil, sino imposible. Algo similar sucede con las campañas para reducir la evasión y la elusión tributaria. Los aumentos de impuestos sobre las rentas de las personas son muy impopulares, por lo que es complicado lograr aprobarlos, y aquellos que afectan a las rentas de las empresas tienden a reducir la inversión y el crecimiento.
Pero es precisamente el crecimiento económico el que ha probado ser la forma más eficaz de aumentar los ingresos fiscales. Desafortunadamente el borrador de nueva Constitución tiene un gran número de disposiciones que desalientan la inversión y por ende el crecimiento, y tiene muy pocos acápites que tienen efectos en el sentido contrario. Entre las primeras cabe destacar los sistemas político y judicial que generan incertidumbre; el debilitamiento del derecho de propiedad; el tratamiento que se le da a los derechos del agua y a las concesiones mineras; los derechos territoriales de las poblaciones indígenas; los derechos sindicales exagerados; el tratamiento de las empresas estatales; etc., etc. Entre las segundas, se encuentran aquellas que fomentan el desarrollo científico y tecnológico, y -para algunos- aquellas que propenden a la implementación de una política industrial.
No hay duda que existe en Chile una evidente demanda por una mejora en la calidad de los servicios sociales, pero también de que -si se aprueba la actual propuesta de nueva Constitución- no estarán disponibles los recursos para lograr tal progreso. La restricción viene por el lado presupuestario y tiene muy poco o nada que ver con la actual Constitución. Sin embargo, si se llegara a aprobar la propuesta de nueva Carta Magna -por su efecto empobrecedor- no solo impedirá mejorar la calidad de los servicios sociales en Chile, sino que muy probablemente los empeorará significativamente, defraudando una vez más -y gravemente- a la población.
