Es un hecho indesmentible que el sistema de pensiones adoptado en el país no está ofreciendo las tasas de reemplazo deseadas. Se culpa de ello al modelo de capitalización, lo que es un error. En buena medida, las bajas pensiones se explican porque no se modificaron a su debido tiempo algunos de los parámetros del modelo de pensiones chileno para adaptarlos a las condiciones económicas, laborales y financieras existentes.
Hay en la actualidad un amplio acuerdo de que un sistema exclusivamente de reparto sería absolutamente inviable. Pero para el oficialismo -en principio y como una forma de propender a la solidaridad entre los trabajadores-, al menos una mitad del 6 por ciento del mayor aporte debiera ser de reparto. A esto la oposición responde argumentando que las imposiciones en un sistema de reparto son un impuesto al trabajo y que además es conveniente centrar el sistema de pensiones en ofrecer buenas jubilaciones, financiando la solidaridad con rentas generales del Estado.
Para reconciliar las posiciones descritas, se ha propuesto que aproximadamente un tercio de las imposiciones adicionales se presten al Estado para que pueda financiar los programas solidarios, préstamos que se remunerarían a tasas de mercado. Sin embargo, estos préstamos habrá que servirlos y, para hacerlo, el fisco tendrá que rebajar su gasto y/o aumentar la tributación. El teorema de la equivalencia ricardiana -que sostiene que el efecto macroeconómico de un endeudamiento del fisco es equivalente al de un impuesto de igual monto- sugiere que los trabajadores van, entre otras cosas, a considerar esos créditos como equivalentes a un impuesto al trabajo. Si es así, no debiéramos autoengañarnos y trasparentar desde un comienzo la situación, financiando la solidaridad deseada mediante una reducción del gasto fiscal (o con nuevos impuestos).
La madre del cordero es que para tener mejores pensiones necesariamente hay que aumentar el ahorro para la jubilación. En lo esencial, ello se puede lograr imponiendo por más años (es decir, evitando las así llamadas lagunas previsionales y aumentando la edad de jubilación), mediante mayores imposiciones que se ahorren (inviertan), y/o por ahorro fiscal para fines previsionales.
En ese sentido, debiera aprovecharse la actual reforma para vincular la edad de jubilación a las expectativas de vida, como también para emparejar las pensiones de hombres y mujeres. Es más, la totalidad de las imposiciones adicionales debieran destinarse a incrementar las cuentas de ahorro individuales, para -entre otras cosas- evitar el correspondiente efecto impuesto al trabajo y para maximizar la rentabilidad de los fondos previsionales invertidos. Y la solidaridad debiera financiarse con recursos fiscales generales, como se está haciendo con la PGU.
Por Rolf Lüders, economista
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