Columna de Rolf Lüders: La paja en el ojo ajeno

El temporal que afectó al país a comienzos de mes causó el desplome de miles de árboles, produciendo cuantiosos daños, entre ellos, la caída de postes del alumbrado eléctrico. Se trató de un fenómeno que, con tal intensidad, no se había experimentado en la Región Metropolitana por décadas. Miles de personas sufrieron el corte de la energía eléctrica, algunas por más de 14 días. El gobierno consideró inaceptable la lenta y defectuosa reposición del servicio y responsabilizó de ello a las empresas distribuidoras de electricidad, en especial a Enel. Es más, la autoridad inició el proceso de caducidad de la concesión de esta empresa -ahora en suspenso- y el ministro de Energía sugirió que podría ser conveniente que una parte de la distribución eléctrica la pasara a ofrecer el Estado.

Dos comentarios al respecto. El asegurar el abastecimiento eléctrico tiene un costo, que inevitablemente se refleja en la tarifa. Sin juzgar si en este caso la respuesta de las distribuidoras eléctricas fue la que correspondía o no de acuerdo con la regulación y las tarifas vigentes, el óptimo social implica que, frente a un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia como el que estamos comentando, la clientela debe sufrir cortes de cierta prolongación. Una rápida solución al problema -para toda calidad de infraestructura dada- implica mantener un gran número de cuadrillas prácticamente sin ocupación por décadas, lo que obviamente tiene un costo que hay que pagar. Y mejorar el servicio modernizando la infraestructura -que es una cosa que hay que hacer- requiere de cuantiosas inversiones que, en ausencia de subsidios, también se traducen en mayores tarifas. Como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis.

Estatizar parte de la distribución eléctrica es una mala idea. Las distribuidoras de electricidad son monopolios naturales, por lo que efectivamente corresponde regularlas o estatizarlas. Chile optó por lo primero con relativos y comparativamente buenos resultados. Lo hizo porque la evidencia empírica es absolutamente clara: las empresas privadas, en mercados competitivos o bien regulados, son más eficientes que las públicas.

Lo que es indiscutible -independientemente de las negligencias empresariales que puede haber habido- es que en el episodio en comento falló el Estado. No modificó oportunamente un marco regulatorio que ya tiene 40 años y tampoco le dio atribuciones a la SEC para, en conjunto con las empresas del sector, poder tomar medidas para prevenir oportunamente problemas en la distribución eléctrica. Además, se demoró en arbitrar las medidas excepcionales disponibles para, una vez producidos los apagones, reducir los tiempos de los cortes de energía eléctrica. ¿No estará el gobierno viendo la paja en el ojo ajeno y no observando la viga en el suyo?

Por Rolf Lüders, economista