Los problemas vinculados a la administración de la salud en Chile no son recientes. Las quejas por los cobros excesivos por parte de las Isapres, como también por las largas listas de espera y los malos servicios en el sistema de salud público, fueron y son muchas y frecuentes. Sin embargo, es poco lo que se ha hecho para corregirlas. La crisis entonces estalló, pero por el lado menos esperado: las definiciones de política pública implícitas en ciertos dictámenes de la Corte Suprema.
Es sabido que las materias relacionadas con la provisión de salud son sumamente complejas, tanto así que incluso en los países con sistemas de salud juzgados exitosos subsisten, entre otras cosas, relativamente largas listas de espera y costos considerados elevados.
En esta columna me gustaría referirme a solo dos aspectos del problema en Chile. La primera consideración es que hay que resolver la actual crisis teniendo siempre presente que inmediatamente después de superada ésta hay que abocarse a cambiar o mejorar el sistema de salud. Están aquellos que desean instaurar un sistema nacional de salud parecido al que tuvimos antes de los años 80, en que el financiamiento y la provisión de los servicios de salud fue práctica y predominantemente un monopolio estatal. Ese sistema no dio, por buenos motivos, los resultados esperados (ver teoría del agente-principal) y se reemplazó por el actual esquema de carácter mixto, en que se maximizan las prestaciones sujetas a competencia y se favorece la libre elección. Sin embargo, su implementación adolece de múltiples e importantes defectos que hay que corregir a la brevedad posible.
Y la segunda reflexión se refiere a algunos aspectos a considerar en la solución a la actual crisis, entre ellos que el fin del percance debe respetar los fallos de la Corte Suprema sobre cobros excesivos y también los derechos de las partes implicadas. Tampoco puede haber perdonazos. Se ha sostenido que todo lo anterior implica que las Isapres debieran devolver a los afiliados perjudicados por sobrecobro unos US$1.400 millones, eso es más de tres veces el patrimonio de esas instituciones. Para todos los efectos prácticos esto pareciera significar la quiebra de las Isapres, con importantes -en algunos casos dramáticas- consecuencias para sus numerosos clientes.
No obstante, como las Isapres ofrecen un seguro, habría que considerar -para los efectos del cálculo de los reembolsos exigidos por la Corte Suprema- el efecto de los subsidios cruzados existentes (Espacio Público, 2023). Pues bien, a juzgar por las utilidades obtenidas por las Isapres -pre fallos de dicha Corte- la anterior consideración debiera reducir muy significativamente esos US$1.400 millones a reembolsar y junto con ello permitir la viabilidad de las mencionadas aseguradoras.
