Días atrás, cuando la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria propuesta por el gobierno, este último sufrió su segunda gran derrota política y se hizo evidente que la implementación de su programa socioeconómico refundacional no sería viable. Pero ello no debe significar la parálisis del gobierno, ni mucho menos. Este, entre otras cosas, debiera poder acordar con la oposición reformas en varios ámbitos, entre los cuáles -sin duda- se encuentra el de las pensiones.
Deseo vincular en esta columna el tema tributario con la reforma al sistema de pensiones. Pocos ponen en duda que el nivel de las pensiones en Chile es relativamente bajo. El gobierno propone mejorarlo, entre varias medidas, mediante (1) un aumento de las cotizaciones en un seis por ciento de las remuneraciones imponibles, que en parte se utilizarían para mejorar el nivel de las pensiones de los actualmente pensionados, y (2) parte de los recursos tributarios que -todavía- el gobierno espera poder recaudar y que se utilizarían parcialmente para ayudar a financiar la PGU.
Ud. dirá que la propuesta oficial es razonable, dado que la mejora de las pensiones es necesaria y que los aumentos permanentes en los gastos públicos se deben financiar con incrementos en los ingresos constantes del Fisco.
Pero, ojo, la anterior es una mirada inconveniente y en extremo estrecha de las alternativas disponibles. Ese seis por ciento de mayores cotizaciones no es otra cosa que un impuesto al trabajo, que se traducirá en menores salarios, una oferta de trabajo menguada, y un menor PIB por persona. Lo sensato es que las mayores pensiones de los actualmente jubilados las financie directamente el Fisco y que se evite del todo aumentar las cotizaciones, mediante un programa de incrementos paulatinos en la edad de jubilación.
Frente a la anterior propuesta Ud. reaccionará sosteniendo que ella se traducirá en un mayor gasto público y que requerirá más impuestos para financiarse.
En el corto plazo eso es así, pero no a mediano y largo plazo. Es urgente iniciar una reforma del Estado y ella se puede aprovechar para, entre otras cosas, acomodar el financiamiento de al menos una parte de las mejores pensiones. Tal reforma no se ha encarado, en parte, por temor a las reacciones político-partidistas y en otra parte, por la magnitud de la tarea y los escasos réditos que generaría durante el período de gobierno correspondiente.
Pero esta puede ser la oportunidad para que el oficialismo y la oposición acuerden un paquete de medidas muy atrasadas y necesarias que permitan simultáneamente mejorar las pensiones a corto y largo plazo, acordar una profunda reforma del Estado, y aprobar un esquema tributario que financie la totalidad del gasto público esperado sin desincentivar el ahorro y la inversión.
Por Rolf Lüders, economista
