Chile se ha hecho prácticamente ingobernable. Esto se explica en una parte no menor por el cambio en la ley electoral, que entró en vigor a partir de 2015. El sistema electoral cambió entonces de uno mayoritario binominal a uno proporcional, lo que -en un ambiente propenso a políticas de identidad- generó incentivos para la creación de una gran cantidad de nuevos partidos políticos. Tanto así que ahora tenemos 25 de ellos legalmente establecidos, 4 más en proceso de formación, y 6 en trámite, para un total de 35 partidos. Es más, una buena parte de ellos tienen objetivos de carácter identitario y/o clientelista.
Es posible demostrar que los sistemas electorales mayoritarios -como aquél que tuvimos por más de dos décadas a partir de 1990- tienden a favorecer aquellos objetivos y medios de política preferidos por el votante que se encuentra en el centro del espectro de las preferencias ciudadanas. En la práctica eso significa que el proceso político es uno que tiende a los acuerdos, a la formación de dos o tres grandes coaliciones, y a la estabilidad política. Esa fue nuestra experiencia, en que la Concertación, la UDI y Renovación Nacional dominaron la política nacional, basados en un acuerdo tácito sobre las bases del sistema del sistema sociopolítico y económico que debía dominar. Eso puede haber sido muy aburrido y para algunos puede haber parecido una cocina, pero se tradujo en un crecimiento económico y desarrollo social espectacular.
El sistema electoral proporcional que entonces se adoptó se tradujo en la existencia de una gran cantidad de partidos, con objetivos muy dispersos. Es más, bajo un sistema electoral así es muy difícil que los partidos puedan mantener la disciplina interna y así resultó ser. El resultado ha sido un alto grado de polarización política, un aumento de la incertidumbre institucional, y -como consecuencia- una importante reducción de la tasa de inversión y, por ende, del crecimiento económico del país.
En este contexto, la nueva constitución propuesta hace algunas precisiones cruciales que debieran aumentar significativamente la gobernabilidad del país, incentivando la búsqueda de acuerdos tendientes a recoger las preferencias del ciudadano mediano, o sea, el centro político. Destaca en este sentido el artículo 57, que sólo permitirá participar en la atribución de escaños en la Cámara de Diputados a los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos emitidos a nivel nacional. Hay varias otras disposiciones, entre ellas el voto obligatorio normado en el artículo 40, que van en la misma dirección y que -en conjunto y de aprobarse la propuesta del Consejo Constitucional- nos debieran permitir retomar el camino al desarrollo y de paso, restaurar la amistad cívica.
Por Rolf Lüders, economista
