Hace unos pocos días la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma en materia de pensiones. Estas son generalmente consideradas inadecuadas en Chile. La pregunta, entonces, es si la propuesta del gobierno logra -de la mejor forma posible- aumentar las jubilaciones. La respuesta es un rotundo no.
El sistema chileno de pensiones -que es de capitalización individual, con una Pensión Garantizada Universal (PGU) financiada con ingresos fiscales como primer pilar- resuelve el problema del efecto del envejecimiento poblacional, lo que un sistema de reparto no puede hacer. Además, y al contrario de lo que muchos sostienen, nuestro sistema permite tener, por la vía del nivel de la PGU, pensiones dignas para las personas de bajos ingresos. Otra ventaja del sistema de capitalización es su menor efecto sobre el mercado laboral. El sistema de reparto, en cambio, se traduce en el equivalente de un impuesto sobre el trabajo, aumentando nuestra ya creciente informalidad.
Si al parecer el sistema de pensiones existente en Chile es el adecuado, ¿por cuáles motivos los niveles de las pensiones no los son? La respuesta corta es que, frente a cambios en las circunstancias económicas, las autoridades no ajustaron a tiempo algunos de los parámetros del esquema. En efecto, entre otros, las expectativas de vida aumentaron muy significativamente y no se cambió la edad necesaria para la jubilación, los salarios aumentaron a una tasa mucho mayor a la esperada y no se aumentó la tasa de cotización. Tampoco se hizo lo último en respuesta a las crecientes lagunas de imposición.
¿Por cuáles motivos el gobierno no propone simplemente corregir los parámetros antes mencionados, y en cambio pretende -entre otras cosas- introducir un pilar de reparto, centralizar la administración previsional, y participar en la administración de los recursos del sistema? No cabe la menor duda que en la reforma prima un fuerte trasfondo ideológico y el compromiso del gobierno de terminar con las AFP. También puede haber influido el deseo de recaudar, por la vía del pilar de reparto, los fondos necesarios para mejorar las pensiones de las personas actualmente jubiladas, lo que obviamente se estaría haciendo a costa de los que jubilen más adelante.
En fin, la reforma propuesta afecta a una gran cantidad de otros aspectos de nuestro actual sistema de pensiones. Algunas de las demás propuestas también son indeseables o innecesarias, como por ejemplo los autopréstamos, pero otras son bienvenidas, como es el caso de las medidas para aumentar la competencia de los inversores de fondos. Pero en general, no cabe duda que la propuesta se caracteriza por aumentar significativamente el rol del Estado en la administración del sistema, lo que se sabe es, más temprano que tarde, ineficiente.
Por Rolf Lüders, economista
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