El gobierno ha presentado al Congreso su propuesta de reforma al actual sistema de pensiones. Al hacerlo responde a una de las mayores demandas ciudadanas, generadas principalmente porque en la actualidad la tasa de reemplazo de las pensiones promedio es baja y, como norma, los jubilados requieren de subsidios familiares para su subsistencia.
Pues bien, el proyecto de reforma del sistema de pensiones del gobierno es el resultado de un esfuerzo por satisfacer, entre otras, las preferencias ciudadanas y la presión de sus partidarios por una mayor injerencia estatal en su operación, tal como por recoger ciertas prácticas internacionales.
Es cierto que el actual sistema de pensiones -de capitalización individual con un pilar solidario financiado con recursos fiscales- no generó los niveles de pensión anticipados y deseados. No lo hizo porque no se ajustaron a tiempo los parámetros correspondientes, entre ellos la edad de jubilación, la institucionalidad laboral, y la tasa de contribución. Si se hubiesen hecho oportunamente los ajustes correspondientes, otro habría sido el cantar.
En cambio, se culpó al sistema de capitalización y a las AFP por los bajos niveles de pensión y se argumentó que un sistema de reparto resolvería dicho problema y que además sería más solidario. La opinión pública ignoró que un sistema de reparto -al contrario de uno de capitalización individual- se traduce en un impuesto al trabajo, con todo lo que eso implica, y que el factor demográfico lo hace prácticamente inviable.
Además, el problema del diseño de un nuevo sistema se complicó cuando -a raíz de los retiros de fondos de las AFP para paliar los efectos del Covid-19- los ciudadanos empezaron a valorar en lo que corresponde la propiedad de sus contribuciones.
El actual proyecto de reforma pretende, en primer lugar, tratar de satisfacer las demandas ciudadanas manteniendo para todos los efectos prácticos el aporte del 10,5 por ciento como de capitalización individual competitiva. En segundo lugar, propone que parte del propuesto aumento del 6 por ciento en las contribuciones se integre en la forma de cuentas nocionales a un fondo administrado autónomamente. En tercer lugar, el proyecto le permite al gobierno cumplir con su promesa de terminar con las AFP al crear un ente centralizado que administre el nuevo sistema, al mismo tiempo que obliga a las AFP a reinventarse o a desaparecer. Y en cuarto lugar, al proponer dedicar la otra parte del mencionado 6 por ciento a reparto, el gobierno puede cumplir con la promesa de una mejora inmediata y relativamente sustancial de las pensiones.
En resumen, el proyecto de reforma de pensiones del gobierno pretende satisfacer a Dios y al diablo, y probablemente no lo consiga. Desde un punto de vista técnico, son preocupantes la mayor injerencia estatal y la reducción de la competencia.
Por Rolf Lüders, economista
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