Por Rolf Lüders, economista
El ministro de Hacienda presentó su proyecto de reforma tributaria. Dicha propuesta sería necesaria para poder, entre otras cosas, financiar la expansión del gasto social y reducir la desigualdad, ambas importantes demandas ciudadanas. La reforma consiste en una amplia gama de medidas, algunas estructurales y otras de orden administrativo y, al contrario de lo sucedido en otras áreas de gobierno, se trata -guste o no su contenido- de una tarea bien hecha.
Sin embargo, surgen dudas legítimas sobre las propuestas. Quizás la principal se relaciona con el ámbito de la reforma. ¿Debe ser solo tributaria o más amplia, es decir, de carácter fiscal? Sin cuestionar la conveniencia de mejorar la calidad -y en algunos casos la cobertura- de ciertos servicios sociales, cabe preguntarse si esos objetivos no se pueden lograr, al menos parcialmente y a menor costo, reformando al Estado. En efecto, salvo los impuestos correctivos, todos los demás tienen costos sociales asociados a su adopción. Y al mismo tiempo parece haber amplio espacio para que una reforma estatal libere recursos. Me refiero en particular a la cantidad de programas estatales mal evaluados y al nivel de las remuneraciones en ciertos estratos.
Otro dilema se relaciona con la conveniencia de aumentar la tributación sobre la renta, como se hace en el proyecto, en vez de hacerlo solo sobre la parte consumida de ella. En efecto, los impuestos sobre la renta de las personas generan doble tributación del ahorro (S), lo que no es deseable porque afecta indirecta y negativamente a la inversión. En efecto, los impuestos sobre la renta (Y) gravan lo que aportamos los ciudadanos a la sociedad, en cambio un tributo progresivo sobre el consumo (Y-S) lo hace sobre los recursos que le extraemos a ella. Además, en relación a este tipo de tributación, si se desea obtener un notorio impacto redistributivo de su aumento, es necesario incrementar significativamente su base, medida que se pospuso, presumiblemente por su impopularidad.
Pero la reforma tributaria genera más interrogantes, destacando entre ellas el nivel óptimo de tributación sobre la renta de las empresas y su grado de integración, los efectos de la propuesta tributación sobre las ventas en la minería del cobre, y aquella sobre la eficiencia y eficacia de la tributación sobre la riqueza.
En resumen, se trata de una propuesta trabajada, que da origen a numerosas alternativas que merecen ser analizadas en profundidad. Entre ellas cabe destacar la oportunidad de la implementación del proyecto (en vistas de la probable evolución económica en el futuro cercano), la conveniencia de hacer una reforma del Estado que permita rebajar los niveles de tributación propuestos, y los beneficios de sustituir los impuestos sobre la renta por otros sobre el gasto.
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