¿Puede Chile escapar de la trampa de los países de ingreso medio? Esta se refiere a un fenómeno que parece afectar a la mayoría de los países, como el nuestro, de ingresos medios-altos. Por motivos que varían, en estas naciones se estanca entonces la productividad y no son capaces de dar el salto al desarrollo.
En el caso de Chile tal estancamiento se produjo a partir de 2005, pero se agudizó una década después. Se trata de un fenómeno complejo, pero sin duda asociado a las políticas públicas. Por eso no es de extrañar que se dio en Chile cuando se cambió de estrategia de desarrollo, desde una con énfasis en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, a una en que se empezó a privilegiar la redistribución. El problema se agravó con el cambio en la ley electoral en 2015, que agudizó el fraccionamiento político, desincentivando los acuerdos y los compromisos.
Entre 1990 y 2005 se destaca en Chile el rol virtuoso de las instituciones -incluyendo por cierto al Estado de derecho- en el rápido crecimiento económico y en la correspondiente reducción de la pobreza. Cabe destacar que este crecimiento se logró sin cambiar los índices de desigualdad, que -si algo- mejoraron levemente. Es un período en que se privilegiaron los acuerdos políticos legítimos, lo que permitió la implementación de cambios institucionales mayores sin afectar -por previsibles- las tasas de inversión. Trabajos como el de Jadresic y Zahler (2000) y el de Perry y Leipziger (1999), si bien no cubren todo el período mencionado, destacan el rol de la calidad de las políticas públicas y el papel clave de los acuerdos políticos en el destacado desempeño del país.
En 2005 Chile había avanzado una enormidad en materia económico-social, pero como es normal, aún adolecía de múltiples problemas, destacando entre ellos la desigualdad. No hubo consenso en cómo enfrentar a este último y se inició entonces un período de creciente polarización política, que culminó con el estallido social de 2019, crisis que se superó por la vía de la creación de la Convención Constitucional (CC). La propuesta de ésta -que en su elaboración y en la práctica solo tendió a considerar las preferencias de una parte de los convencionales- no ha sido la esperada por la mayoría, tanto así que de acuerdo a las encuestas actualmente disponibles probablemente resulte rechazada.
Esto abre una ventana de oportunidad para acordar en el Congreso -después del plebiscito y sin mayores presiones- un mecanismo que permita escribir una nueva Constitución que nos represente a todos. Sin embargo, para que podamos escapar de la trampa de los países de ingreso medio se hace además imprescindible volver a la cultura de los acuerdos y para ello es condición sine qua non adoptar un esquema electoral que -como el uninominal- los incentive.
